Un juez pide el desafuero de Cristina Fernández para detenerla por un pacto con Irán ARGENTINA JUSTICIA

Un juez pide el desafuero de Cristina Fernández para detenerla por un pacto con Irán

07 de diciembre de 2017

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- Un juez ordenó hoy detener a la expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutual judía en 1994, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera jefa de Estado de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa.

También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos (2,88 millones de dólares).

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó hoy otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

También fueron detenidos Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, y el dirigente político Fernando Esteche, al considerar que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del Gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.

Aquel pacto bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.

"La resolución (de Bonadio) es arbitraria y carente de todos los contenidos jurídicos, porque es una denuncia que fue desestimada por seis jueces en dos oportunidades y ratificado por los superiores por inexistencia de delito", señaló hoy a Efe Juan Martín Mena, exjefe del Gabinete del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Fernández y uno de los procesados por Bonadio.

A su juicio, y en la línea de discurso del kirchnerismo, con el final del mandato de Fernández, en diciembre de 2015, y tras el triunfo electoral de Mauricio Macri, el mandatario "desplegó una enorme presión sobre el Poder Judicial para que esta denuncia fuera reabierta".

Como ha denunciado la expresidenta en multitud de ocasiones, para Martín Mena, que negó todas las acusaciones en torno al pacto con Irán, se está viviendo una "persecución política" y la gente se está acostumbrando "a que estén presos" los dirigentes opositores, como el exvicepresidente Amado Boudou o el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, ambos por presunta corrupción.

"No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra", expresó Fernández cuando fue llamada a declarar en octubre.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) obtuvo una banca de senadora en los comicios de octubre y juró su cargo en noviembre en medio de gran polémica por la protección que esto le da ante las múltiples causas que la afectan, la mayoría por corrupción.

Su futuro dependerá de que sus compañeros en el Senado decidan si votan o no contra ella, apenas un día después de que el sector del histórico Partido Justicialista (peronista) en la Cámara anunciara la constitución de un gran bloque que deja afuera, tras años de alianza conjunta, al kirchnerismo, que se prevé integrará un bloque de apenas ocho senadores.

Sin embargo, no se atisba que el desafuero pueda prosperar por la posición histórica del peronismo tradicional de solo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.

Fernández dice que la orden de detención es un "exceso" y viola el Estado de derecho

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- La expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández se definió como víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994

"Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", expresó la exmandataria, quien juró su cargo como legisladora hace poco más de una semana, en una rueda de prensa en el Congreso junto a diputados y senadores de su sector.

El juez Claudio Bonadio procesó y ordenó hoy detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.

En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.

"Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias", destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba "totalmente paralizada" porque Irán no extraditaba a los acusados.

"En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco del derecho internacional", destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.

En este sentido, la expresidenta remarcó que la firma del convenio se encuadraba en un acto de política exterior "no judiciable" que fue aprobado por el Parlamento.

"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior desde el punto de vista jurídico. Todo esto que está sucediendo es un despropósito y un verdadero exceso", aseveró la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), convencida de que la acusación contra ella "no tiene asidero ni jurídico ni institucional".

En su opinión, estas medidas "no solo violan el Estado de derecho", sino que buscan provocar "daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas".

"No hay causa, no hay delito ni motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe y el presidente Macri lo sabe", subrayó.

La expresidenta, que no descartó acudir a tribunales internacionales para denunciar su situación, criticó que se la acuse de "traición a la patria" porque a su juicio es un delito que "solamente puede producirse" si el país está en guerra.

"En este auto de procesamiento Bonadio sostiene que los dos atentados (contra la AMIA y la embajada de Israel, dos años antes, que dejó 29 muertos) son actos de guerra, porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para poder traer de los pelos la figura", agregó.

Para Fernández, estas "maniobras" tienen un ánimo de "persecución inédita" de la oposición "en tiempos democráticos", que tienen a Macri como "director de la orquesta" y a Bonadio como ejecutor de "la partitura judicial".

La razón es, según continuó, hacer de esto una "gran cortina de humo" que pretende "intimidar y asustar a la población", tapar las políticas de ajuste económico y callar la voz de la oposición en el Senado.

Consultada por el hecho de que Bonadio haya tomado esta decisión ahora, recién electa senadora y después de dos años en los que no contó con fueros parlamentarios de ningún tipo, Fernández aseveró que tiene que ver con el hecho de que la "quieren callada" y con la "espada de Damocles" sobre su cuello.

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

Sin embargo, no se atisba que el desafuero pueda prosperar porque el histórico Partido Justicialista, con gran representación en la Cámara, ya ha adelantado que no acompañará el pedido.

El Gobierno argentino dice que Macri no influyó en que pidan detener a Fernández

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, aseveró que el presidente, Mauricio Macri, no llegó al poder para interferir en la Justicia, después de que la expresidenta Cristina Fernández le responsabilizara de que un juez haya ordenado su detención por presunto encubrimiento de terroristas

"Está garantizado el estado de derecho, las libertades y tenemos que acostumbrarnos a vivir en un contexto donde somos todos iguales ante la ley", remarcó Peña en declaraciones a la prensa en Buenos Aires.

La expresidenta, actual senadora, reiteró este jueves que es víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que el juez Claudio Bonadio la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutua judía en 1994.

"Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", apostilló Fernández en una rueda de prensa en la que negó todos los cargos y consideró que no tienen "asidero ni jurídico ni institucional".

Poco después, y en respuesta a sus declaraciones, Peña argumentó que "la gente conoce al presidente" y sabe que no está en el cargo para interferir en la Justicia, sino para "trabajar para solucionar problemas, ayudar a que crezca el país y fortalecer nuestro marco institucional".

"Que no haya impunidad para nadie ni sensación de injusticia para nadie, que podamos curar esa desconfianza, cuando se siente que la justicia llega para uno y no para todos", añadió.

Se mostró también convencido de que "es un tema que requiere una investigación muy bien hecha" y que el trámite judicial "requiere un debido proceso de defensa y que se pueda desarrollar en normalidad dentro del sistema institucional".

Bonadio procesó y ordenó detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno, por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.

Al respecto, el jefe del Gabinete de Ministros recordó que los senadores del interbloque del oficialista frente Cambiemos dijeron que se iba desarrollar todo el trámite "con la prudencia y la institucionalidad necesaria, pensado no en términos partidarios sino en términos institucionales".

Asimismo, hizo hincapié en que "no es facultad del presidente incluir el tratamiento" del pedido de desafuero en las sesiones extraordinarias del Congreso -que no celebra plenos ordinarios porque está en receso- convocadas por el Gobierno para analizar los proyectos de reforma tributaria y laboral propuestos por el Gobierno.

En la causa, abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.