California y Nuevo México piden no permitir Trump desvíe millones para muro
Los Ángeles, 16 sep. (EFE News).- Los fiscales generales de California y Nuevo México, Xavier Becerra y Héctor Balderas, respectivamente, urgieron este miércoles a la Corte Suprema que rechace el pedido de revisión de un fallo contra el desvió de parte del gobierno de 2.500 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México.
El fiscal general del estado de California, Xavier Becerra (c). EFE/David Maung/Archivo
Los Ángeles, 16 sep. (EFE News).- Los fiscales generales de California y Nuevo México, Xavier Becerra y Héctor Balderas, respectivamente, urgieron este miércoles a la Corte Suprema que rechace el pedido de revisión de un fallo contra el desvió de parte del gobierno de 2.500 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México.
En un escrito dirigido al Máximo Tribunal, los procuradores argumentan que los tribunales inferiores sostuvieron correctamente que los estados, como California y Nuevo México, tienen el derecho de impugnar la desviación de los fondos asignados al Departamento de Defensa.
El caso se remonta a la decisión de Trump de declarar en febrero del año pasado una emergencia nacional, como pretexto para justificar el desvío de los fondos asignados por el Congreso al Pentágono hacia la construcción del muro en la frontera sur, esto después de no lograr que los legisladores aprobara fondos para ello.
En junio pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en California, dictaminó que el desvío de los fondos asignados al Pentágono violó la Constitución y es ilegal.
"Cuando la Administración Trump no obtiene lo que quiere dentro de los límites de la ley, está demasiado ansiosa por salir de estos (límites)", dijo Becerra en un comunicado.
La decisión del Noveno Circuito, que dijo que la transferencia de fondos desconoció la autoridad del Congreso en cuanto a asignación de recursos, fue en respuesta a las acciones legales iniciadas por California y a las que se sumaron varios estados.
Un juez federal de Oakland (California) bloqueó por primera vez esta partida presupuestaria para la construcción del muro, una decisión que la Administración Trump recurrió y pidió amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decidía el caso judicialmente.
En una ajustada decisión por cinco votos a cuatro, el máximo tribunal accedió a la petición del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizasen los 2.500 millones, pero no entró a valorar la legalidad de la desviación del dinero asignado al Pentágono.
Con la decisión por parte del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -la instancia judicial inmediatamente inferior al Supremo-se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores y el caso se trasladó al Supremo, que esta vez sí deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
"Si el presidente dedicara tanto tiempo a las emergencias reales, como la pandemia actual o los devastadores incendios forestales, como a los inventados, el pueblo estadounidense estaría mucho mejor”, añadió Becerra.
Los procuradores Becerra y Balderas señalan que la Administración no ha ofrecido un argumento persuasivo para su revisión y que las sentencias de la corte inferior son correctas en cuanto al fondo.
Esta no es la única demanda contra la administración por desvíos de fondos. Becerra impugnó la desviación en el año fiscal 2020 de más de 3.800 millones en fondos que el Congreso asignó al Departamento de Defensa.
Cerca de 890 millones, de esos fondos se habían asignado a las unidades estatales de la Guardia Nacional para la compra de equipo crítico para responder a desastres naturales y otras emergencias.
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Indocumentados de Michigan exigen licencias de conducir
Chicago (IL), 16 sep (EFE News).- Inmigrantes y activistas reclamaron este miércoles en Lansing, capital de Michigan, que el Congreso estatal decida sobre dos proyectos de ley estancados desde hace dos años y que proponen licencias de conducir a indocumentados, en un estado donde se estima unas 50.000 personas manejan sin carné.
La protesta comenzó con una caravana de automóviles que recorrió la ciudad durante dos horas haciendo sonar sus bocinas, y luego hubo una presencia masiva en el interior del Capitolio estatal para pedir a los legisladores que convoquen audiencias públicas para tratar los proyectos.
Los automovilistas desplegaron pancartas donde se leía "Licencias para todos" y "Trabajadores esenciales merecen conducir sin miedo", y en la manifestación participaron delegaciones de otras ciudades del estado, como Muskegon, Grand Rapids, Kalamazoo, Ann Arbor, Ypsilanti y Detroit.
"Durante más de dos años los indocumentados de Michigan han luchado por uno de los derechos más básicos y esenciales: poder manejar sin temor", declaró en un comunicado el activista Cat Adorno, del Movimiento Cosecha Michigan.
"Demandamos, no pedimos, que nos den las licencias. Nos merecemos la dignidad básica de manejar sin temor a ser detenidos y separados de nuestras familias", dijo por su parte la activista Liz Fuentes,
Los manifestaron que los proyectos de ley denominados DRIVE SAFE fueron presentados en 2018 en ambas cámaras, y sin embargo no han avanzado en la asamblea.
Con las leyes se busca eliminar el requisito de "presencia legal" para probar la residencia en Michigan y la exigencia de documentos específicos, lo que permitiría modificar el código vehicular y la sección relacionada con la identificación de los conductores.
Se propone además la creación de una licencia especial, no válida para conducir vehículos comerciales o para votar, así como una identificación estatal que estaría disponible para todos los postulantes "que no tengan prueba de su estatus migratorio".
La protesta, que contó con la actuación de mariachis y escenas teatrales realizadas por escolares, se realizó en el comienzo de los festejos por el Mes de la Herencia Hispana.
"Queremos celebrar nuestra cultura y tradiciones, y al mismo tiempo demandar acceso a la licencia de conducir", señaló Fuentes.
El movimiento anunció que mantendrá la movilización en todo el estado y la presión sobre los legisladores.
"Sabemos que no quieren avanzar sobre este tema, pero nosotros contamos con el poder popular, el poder de la gente", declaró el activista Ángel Bravo.
Michigan comenzó a exigir en 2008 prueba de ciudadanía o de estatus migratorio para otorgar los documentos, y desde entonces se estima que unas 50.000 personas manejan sin licencia.
Inclusive, muchos ciudadanos estadounidenses o residentes legales tienen problemas, o enfrentan demoras excesivas para obtener la licencia, debido a un estricto proceso de verificación de documentos que se realiza actualmente a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (ICE).
En la actualidad, 18 estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes que permiten manejar sin necesidad de probar el estatus migratorio.
