11 de agosto de 2020
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ICE deportó indocumentados con COVID-19, según el NYT y Marshall Project

Nueva York, 13 jul (EFE News).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fletó cientos de vuelos con inmigrantes deportados enfermos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según indica una investigación de The New York Times y el Marshall Project.

 Vista de varia personas deportadas de EEUU. EFE/Esteban Biba/Archivo

Vista de varia personas deportadas de EEUU. EFE/Esteban Biba/Archivo

Nueva York, 13 jul (EFE News).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fletó cientos de vuelos con inmigrantes deportados enfermos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según indica una investigación de The New York Times y el Marshall Project.

La investigación muestra cómo las condiciones de hacinamiento de algunos centros de detención de inmigrantes, la escasez de pruebas y el hecho de que los traslados se mantuvieran desde marzo ha hecho que el ICE extendiera el virus tanto dentro como fuera de las fronteras de EE.UU.

La investigación ha confirmado que cientos de deportados con COVID-19 fueron entregados a sus países de origen desde marzo.

Desde marzo, el ICE ha deportado más de 40.000 inmigrantes, la mayoría de ellos a Centroamérica, donde se han registrado casos de enfermos de COVID-19 que fueron trasladados a sus países de origen a pesar del riesgo de contagio.

Al menos cuatro deportados entrevistados por el medio dieron positivo por COVID-19 poco después de regresar a sus países en India, Haití, Guatemala y El Salvador.

El ICE ha confirmado hasta la fecha unos 3.000 casos positivos de COVID-19 en sus centros de detención civil en todo el país, pese a que la investigación muestra que en muchos casos no se realizaron pruebas a personas que posteriormente dieron positivo o mostraban claros síntomas de la nueva enfermedad.

The New York Times ha investigado más de 750 vuelos nacionales a cargo del ICE, así como otros 200 con destino a otros países entre junio y marzo, la mayoría de ellos a Guatemala, El Salvador y Honduras.

Estos dos últimos han aceptado más de 6.000 deportados desde marzo, pese a tener impuestas restricciones para evitar el empeoramiento de la pandemia.

Solo Guatemala expresó su disconformidad con Washington por el hecho de que llegaran personas infectadas.

La Administración Trump ha presionado a los países de origen de los deportados con restricciones en visados si se oponían a los vuelos de repatriación.

Hasta el momento, unos 11 países han confirmado que han recibido deportados enfermos con la COVID-19, muchos de los cuales pudieron haberse contagiado por las condiciones de los centro de detención en Estados Unidos.

El ICE se limita a hacer test por muestreo a las personas que va a deportar a otros países y solo hace chequeos de temperatura generalizados.

La agencia de inmigración asegura que está siguiendo las directrices del Centro de Control de Enfermedades (CDC) en sus procedimientos.

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Corte prohíbe al Gobierno de Trump retener fondos para seguridad a California

Los Ángeles, 13 jul (EFE News).- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito prohibió este lunes a la Administración del presidente Donald Trump exigir a California que coopere con las autoridades federales de inmigración y que detenga la aplicación de las leyes santuario a cambio de recibir subvenciones federales para programas de seguridad.

La decisión se da como respuesta a una batalla legal entablada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, contra el Gobierno de Trump por la retención de fondos federales por más de 28 millones de dólares bajo el argumento de que el estado no cumple con las pautas de colaboración para combatir la inmigración indocumentada debido a sus leyes santuario.

En julio de 2017, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevos requisitos a las ciudades que reciben subvención del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG) como parte del castigo a las denominadas ciudades santuario.

Becerra interpuso la primera demanda por los fondos retenidos en 2017, y un año después repitió la estrategia ante la posición de la Casa Blanca.

La pelea legal por los fondos también la entablaron ciudades como Los Ángeles, que también presentó dos demandas contra la Administración federal por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad de la urbe.

"Nuestros tribunales han criticado constantemente las tácticas ilegales y duras del presidente Trump para obligar a las comunidades a cumplir sus órdenes”, dijo Becerra hoy en un comunicado al saber el fallo.

"A los críticos de California de nuestras demandas contra el presidente que argumentan que debemos rendirnos al libro de jugadas de Donald Trump, les ofrezco otros 28,3 millones de razones por las que no lo haremos”, agregó el procurador.

Haciendo referencia a su fallo anterior que prohíbe a la Administración imponer las condiciones en Los Ángeles, el panel judicial anuló el requisito del Departamento de Justicia que obliga a las jurisdicciones que solicitan los fondos de seguridad pública a otorgar a las autoridades de inmigración acceso a las cárceles y avisos avanzados de las fechas de liberación de inmigrantes detenidos.

El mes pasado California le ganó otro pulso legal al Gobierno de Trump cuando el Tribunal Supremo federal dejó vigentes las normas que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener indocumentados en el estado.

En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra la ley SB 54 de California, conocida como la "Ley de Valores", que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución.

El fallo del Supremo se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.

Solicitantes de residencia demandan al Gobierno por regla de "carga pública"

Los Ángeles, 13 jul (EFE News).- Un grupo de solicitantes de la residencia permanente y defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump y la regla de "carga pública", alegando que los nuevos requerimientos solo permitiría a los “más ricos” acceder a la “tarjeta verde”.

La queja presentada ante una corte del Distrito de Columbia argumenta que la controvertida guía “contiene un conjunto complejo y contradictorio de políticas diseñadas para evitar ilegal y arbitrariamente que todos los inmigrantes, excepto los más ricos, se conviertan en residentes legales permanentes”.

Abogados del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el bufete Jenner & Block LLP y Morgan Lewis & Bockius LLP advierten que se imponen cargas y costos arbitrarios adicionales sin precedentes, agregando nuevos requisitos probatorios a través de la "declaración de autosuficiencia" del formulario I-944.

“Algunas de las montañas de información requeridas son irrelevantes para la investigación de la carga pública y parecen diseñadas para disuadir a los solicitantes de presentar una solicitud", aseguran en un comunicado abogados de AILA.

A la luz de la nueva reglamentación, que comenzó a aplicarse en febrero pasado, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Este es el caso de la salvadoreña Rosa Ramírez Flores, de 67 años, amparada por el Estatus de Protección Permanente (TPS), que está tratando de obtener su residencia permanente a través de su hijo Milton Aristedes Valladares Ramírez, un ciudadano estadounidense.

La inmigrante, que vive en Estados Unidos desde 1994, nunca ha recibido beneficios públicos, excepto por la recepción de servicios de salud financiados por el estado a través del programa Medi-Cal de California.

La demanda advierte que el manual de políticas de “carga pública” hace que sea más difícil para esta inmigrante establecer su admisibilidad al elevar el estándar de prueba y erigiendo cargas probatorias adicionales al contar contra ella el mero hecho de su solicitud.

“La Administración adoptó una regulación discriminatoria y terrible que promulgó con la intención de evitar que los inmigrantes se conviertan en titulares de la tarjeta verde y, finalmente, ciudadanos”, subrayó Jesse Bless, directora de litigios federales de AILA.

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