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    Juez federal ordena que en febrero arranque la academia de Policía de Puerto Rico

    19 de octubre de 2018

    San Juan, 19 oct (EFEUSA).- El juez federal Gustavo Gelpí, responsable de la reforma de las fuerzas de seguridad de la isla, ordenó hoy a la Policía de Puerto Rico que el próximo mes de febrero comience a operar su nueva academia con el objetivo de disponer de una nueva promoción de cadetes lo antes posible.

    Gelpí señaló que es imperativo que la nueva promoción de policías comience a formarse en la fecha estipulada de 2019, tras recordar que la última se licenció en 2015.

    El juez destacó que la nueva promoción de la Policía de Puerto Rico proveerá integridad y eficiencia a la ciudadanía.

    La decisión de Gelpí llega días después de una reunión entre representantes del Gobierno de Puerto Rico, el monitor federal para las fuerzas de seguridad, Arnaldo Claudio, y representantes del Departamento de Justicia de EEUU.

    En esa reunión se discutió el proceso de privatización de la nueva academia de la Policía mediante una alianza público-privada, razón por la que el Ejecutivo evalúa una propuesta del Sistema Universitario Ana G. Méndez para operarla mediante una alianza público privada.

    El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, señaló sobre la determinación del juez federal que el cuerpo siempre ha estado de acuerdo con la necesidad de reclutar más policías.

    "Ahora, es importante indicar que ante la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico y los controles fiscales impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, el cumplir con la directriz emitida no depende solo del Gobierno de Puerto Rico", aclaró.

    Dijo que habrá que tener una conversación con la Junta de Supervisión Fiscal para garantizar "la flexibilidad presupuestaria que nos permita establecer el mecanismo de adiestramiento y poder conformar una academia".

    "Es la única manera de poner a la Policía en posición de cumplir con la orden emitida hoy", concluyó.

    La Reforma de la Policía es resultado del acuerdo entre Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal como respuesta a la demanda interpuesta por el Gobierno de EEUU contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos civiles.

    Según el Gobierno federal la Policía de Puerto Rico falló en implementar una reforma para corregir las violaciones a los derechos civiles de la población.

    La demanda siguió a una investigación por parte del Departamento de Justicia de EEUU entre los años 2008 y 2011.