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    Asociaciones de maestros de Puerto Rico rechazan decisión judicial de cerrar escuelas

    17 de julio de 2018

    San Juan, 17 jul (EFEUSA).- Asociaciones de maestros y sindicatos rechazaron hoy la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico a favor del plan de consolidación del Departamento de Educación que supondrá el cierre de escuelas por toda la geografía de la isla.

    El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el lunes, con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, revocar al tribunal de primera instancia que había ordenado que seis escuelas de la región educativa de Arecibo y tres del municipio de Morovis continuaran abiertas a pesar del plan del Ejecutivo de Ricardo Rosselló.

    "Somos de la opinión que, en el presente caso y a la luz de prueba testifical presentada por los padres demandantes, el proceder de la secretaria -Julia Keleher- al cerrar las nueve escuelas que son objeto de revisión judicial no interfirió directa y sustancialmente con el derecho a la educación", indica la resolución judicial.

    El fallo del Tribunal Supremo señala que la Ley 85 le confiere a Keleher la facultad de establecer la estrategia de las instalaciones escolares.

    El juez Santiago Cordero Osorio, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, falló el pasado mes de junio contra el Departamento de Educación en dos demandas que pedían detener el cierre de escuelas en el municipio de Morovis y en la región educativa de Arecibo.

    La Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico concluyó el lunes también que el proceso de cierre de escuelas llevado a cabo por el Departamento de Educación no contó con participación de los miembros de las comunidades escolares.

    La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, señaló a Efe sobre la decisión judicial del Tribunal Supremo fue "frustrante", aunque matizó que el revés motivará al colectivo "a seguir luchando".

    "Dar potestad única a una secretaria es una amenaza para la democracia", aseguró Díaz, tras destacar que la situación es caótica y que hay cientos de maestros que a dos semanas del comienzo de las clases no saben todavía dónde van a trabajar durante el próximo curso escolar.

    Díaz resaltó además que hace tiempo el Departamento de Educación dio una cifra de estudiantes matriculados para el curso académico que ahora empieza, que de repente se incrementó en 26.000 alumnos.

    El Departamento de Educación había justificado precisamente el cierre de escuelas por la caída de estudiantes.

    El presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Domingo Madera, señaló a Efe que el cierre de escuelas respondió a un proceso "atropellado e injusto".

    Madera explicó que una de las consecuencias del cierre de escuelas será que los maestros de los centros consolidados que recibirán más estudiantes se verán desbordados con aulas con más de 30 alumnos, una cifra que como dijo sobrepasa todas las recomendaciones.

    Por su parte, el presidente de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (ONDEPR), Jorge Luis Soto, indicó a Efe que el cierre de escuelas se llevó a cabo sin contar con los implicados.

    Soto subrayó que además se cerraron escuelas que estaban en mejores condiciones que las receptoras, lo que carece de sentido.

    El Ejecutivo se pronunció en sentido contrario por parte del secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, quien dijo que la decisión del Tribunal Supremo valida que el proceso de consolidación de escuelas no violentó derechos constitucionales "como determina de forma irregular la Comisión de Derechos Civiles".

    La decisión del Tribunal Supremo es un espaldarazo al plan del Gobierno de Puerto Rico de cerrar 265 escuelas públicas por motivos presupuestarios, en peligro tras la decisión judicial de principios de junio que detuvo la clausura de cerca de una decena de centros.

    El Gobierno esgrime que debido a la emigración ininterrumpida que sufre la isla desde hace una década provocada por la profunda crisis económica no se pueden prestar todos los servicios que requieren los estudiantes en escuelas con escaso número de alumnos, dada la imposibilidad de asumir los costes financieros.