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    Ryan pide a colegas republicanos no forzar voto migratorio en Congreso

    16 de mayo de 2018

    Washington, 16 may (EFEUSA).- El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, pidió hoy a sus colegas conservadores que no apoyen una medida legislativa para forzar el voto sobre la situación migratoria en el país, informaron varios legisladores presentes en la reunión a puerta cerrada.

    La petición de Ryan a sus colegas de partido se produce después de que un grupo de republicanos moderados se opusieran al bloqueo que ejerce Ryan sobre la situación de los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", que llegaron al país siendo niños.

    El congresista republicano por Texas Bill Flores recordó las palabras del presidente de la Cámara Baja, quien al parecer les pidió que "dejen de presionar con la petición de aprobación de la gestión", porque a su juicio "no es un camino hacia el éxito".

    "Simplemente dijo que una petición forzada no es un camino al éxito si realmente se quiere hacer algo en materia de inmigración", dijo Flores a los periodistas.

    Asimismo, Ryan les dijo a sus colegas que se había reunido con el presidente Donald Trump esta semana y que el liderazgo republicano y la Casa Blanca están trabajando en un plan que finalmente podrían aprobar ambas cámaras del Congreso y obtener la firma del gobernante.

    No obstante, no ofreció detalles al respecto, aseguraron los legisladores.

    "Obviamente, no estamos de acuerdo con las solicitudes de aprobación. Creemos que son un gran error: desunen a nuestra mayoría. Queremos avanzar en algo que tenga la posibilidad de convertirse en ley y el presidente lo respalde", aseguró Ryan en su rueda de prensa semanal.

    Los congresistas que apoyan una solución permanente para los "soñadores" aseguran tener "ya" los votos para forzar el debate en la Cámara, junto al apoyo de los demócratas.

    Los legisladores firmaron lo que se conoce como una solicitud de aprobación, una maniobra de procedimiento que puede llevar un texto legislativo al pleno de la Cámara si está firmado por la mayoría de los miembros, independientemente de si se ha aprobado previamente en un comité, como es tradicional.

    Jeff Denham, representante por California y principal impulsor de la medida, explicó la semana pasada que quieren poner a debate cuatro propuestas, incluyendo el proyecto impulsado por el legislador republicano Bob Goodlatte, que cuenta con el apoyo de Trump, y la bipartidista "Ley del Sueño".

    Además, quieren presentar la "US Act", liderada por Denham, y un proyecto de ley que proponga el propio Ryan, presidente de la Cámara Baja.

    La propuesta legislativa que sume más votos será la que se dirigirá posteriormente al Senado para ser sometida a sufragio, paso previo para que pueda llegar a la firma presidencial.

    Unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños se encuentran en una situación de limbo legal después de que el presidente Donald Trump decidiera terminar con el programa de Acción Diferida, conocido como DACA.

    Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo, pero el programa no llegó a concluir porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente de él.

    Sin embargo, a finales del mes pasado, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA, aunque dio al Gobierno un plazo de 90 días para justificar por qué lo finalizó.

    Concluido ese plazo le obligará a aceptar nuevas peticiones.

    ACLU dice que defensor público local no tiene fondos para casos inmigrantes

    Los Ángeles, 16 may (EFEUSA).- La Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles (LACPD, por sus siglas en inglés) no cuenta con los fondos suficientes para casos que involucran a no ciudadanos, según reveló hoy ACLU en un informe.

    De acuerdo al estudio de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) "Defender LA: Transformando la defensa pública en la era de la deportación masiva", de los 700 abogados que pertenecen a esta oficina solo dos de ellos son expertos en las leyes de inmigración del país.

    "Sin tener familiaridad con las leyes de inmigración, que son increíblemente complejas, un defensor público puede poner inadvertidamente a un cliente no-ciudadano en peligro de deportación", se lee en el estudio.

    Incluso ofensas penales clasificadas como delitos menores pueden conducir a la deportación si no se manejan de manera adecuada, aclara el abogado de ACLU Andrés Kwon, autor del informe.

    Además de la falta de abogados, el informe pone de relieve el desconocimiento de estos defensores públicos sobre leyes de inmigración, lo que no solo afecta a los indocumentados sino a residentes legales que se pueden ver expuestos a perder su estatus por la falta de asesoría.

    El informe citó el caso de Christian P., un residente legal que se declaró culpable en 2013 de conducir un vehículo sin el consentimiento del propietario.

    El inmigrante recibió una sentencia de 365 días en la cárcel, una condena equivalente a un delito grave que le hubiera costado perder su residencia permanente, pero afortunadamente la pena le fue reducida y no tuvo que enfrentar problemas con las autoridades de inmigración.

    Las sentencias en casos que no son relacionados con las leyes de inmigración se han convertido en el pan de cada día en las consultas de abogados especializados.

    "Un solo día hace la diferencia, o una declaración de culpabilidad a cambio de pocos días en la cárcel puede costarle mucho a una persona que no es ciudadana estadounidense", aclaró el abogado de inmigración Fernando Romo.

    Incluso las ofensas menores como hurtos en tiendas y orinar en público, pueden desencadenar la deportación si no se manejan con el apoyo y la supervisión de un experto en leyes de inmigración, insisten los expertos.

    "Proporcionar un número adecuado de expertos en leyes de inmigración no solo es humano, es la ley", explicó Kwon.

    El experto se refiere a un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2010, (Padilla v. Kentucky), en el que el Tribunal sostuvo que el derecho de la Sexta Enmienda de los no-ciudadanos al asesoramiento efectivo incluye recibir consejos precisos sobre las consecuencias migratorias de los cargos y condenas penales.

    "Dicha defensa legal informada no podría ser más importante hoy, ya que la administración Trump amplía la dependencia del Gobierno federal en los sistemas locales de justicia penal para avanzar en su agenda de deportación", dijo Kwon.

    ACLU pidió a LACPD, la oficina de defensores públicos más grande del país, que aumente el número de expertos que puedan asesorar a los abogados de oficio.