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    El Gobierno de P.Rico reducirá su tamaño para ahorrar costes y ser eficiente

    18 de diciembre de 2017

    San Juan, 18 dic (EFEUSA).- El jefe del Ejecutivo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy la reducción del tamaño del Gobierno, que pasará de 118 a 35 agencias, con el objetivo de obtener los ahorros millonarios que necesitan las arcas públicas y ser más eficiente en los servicios prestados.

    "La iniciativa responde a la necesidad de que el Gobierno funcione de forma más eficiente", dijo Rosselló en conferencia de prensa previa al acto de firma del proyecto para crear la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico.

    Rosselló aclaró que se trata de un proyecto que ahora pasará al Legislativo, que forman Cámara de Representantes y Senado, que deberán ratificar la iniciativa del Ejecutivo.

    El proyecto deberá convertirse en la Ley 122 de 2017, que establece un proceso para la reorganización del nuevo Gobierno que incluye consolidaciones y reorganizaciones de las agencias y corporaciones estatales y sus programas.

    "Con el propósito de hacer un Gobierno más ágil, de mejorar los servicios a la ciudadanía, proteger a nuestros empleados públicos y ser responsables fiscalmente hoy firmo esta ley. Como lo establecimos en el Plan para Puerto Rico con esta medida damos paso a desarrollar un nuevo gobierno más eficiente", dijo Rosselló.

    El gobernador subrayó que el proyecto da continuidad a iniciativas como la del Departamento de Seguridad Pública (DSP), que consolidó siete dependencias públicas y logró un ahorro de 28 millones de dólares en su primer año, sin despido de empleados públicos.

    Rosselló indicó que se trata de una medida "de gran envergadura" que permitirá contar con "un Gobierno más flexible".

    El paso dado, subrayó, permitirá además cumplir con lo establecido en el Plan para Puerto Rico, el Plan Fiscal y así lograr reducir gastos para atender un déficit público cercano a los 7.600 millones de dólares.

    Rosselló garantizó que la medida no supondrá la pérdida de puestos de trabajo, ya que como dijo "se garantiza el puesto de cada empleado público".

    El proyecto establece que las agencias que no se podrán consolidar con las de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo, Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura.

    Además, con el propósito de continuar la transparencia y eficacia del Gobierno, el estatuto no aplicará a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico.

    La ley tampoco aplicará a las corporaciones públicas que cuenten con un plan fiscal aprobado, como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, entre otras.

    La medida establece que la Rama Ejecutiva someterá ante la Asamblea Legislativa los planes de reorganización o consolidación de agencias, corporaciones o programas del Ejecutivo.

    El estatuto requiere que los planes sometidos cumplan con los principios de eficiencia, de ahorro, que no conlleve despido de empleados públicos, ni que lleve a la pérdida de fondos federales.

    Los jefes de agencia serán nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, exceptuando a los funcionaros de las oficinas adscritas a la Oficina del Gobernador y aquellas agencias que absorben otras y cuyo jefe ya fue confirmado.

    Una vez sometido el plan de reorganización por parte del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa lo verá en pleno para confirmarlo o denegarlo.

    Los cuerpos legislativos tendrán un término de 30 días para aprobar o denegarlo, con la posibilidad de extender ese periodo por 15 días más.

    Una vez transcurridos estos 45 días, de no haber acuerdo, cada cuerpo podrá aprobar una resolución aprobando o rechazando el plan, además de quedar establecido que el rechazo de uno de los cuerpos, conlleva su rechazo.

    Si en esos 45 días no se produce una resolución concurrente o una resolución se entiende avalado el Plan de Reorganización, es decir una aprobación tácita.

    Conjunto con la radicación del Plan o 15 días luego de aprobado el mismo, el gobernador presentará un proyecto de ley para derogar aquellas leyes afectadas por el mismo y para establecer la nueva política pública de la agencia.