24 de septiembre de 2020
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No más desalojos en 2020

 Familia de hondureños deja su vivienda en East Palo Alto por presiones del propietario. Muchas otras familias de latinos del Área de la Bahía dejaron su hogar durante el mes pasado por la misma razón.  La nueva Ley AB 3088 pone un alto a los desalojos durante el resto del 2020. Los indocumentados también son beneficiados con esta iniciativa.

Familia de hondureños deja su vivienda en East Palo Alto por presiones del propietario. Muchas otras familias de latinos del Área de la Bahía dejaron su hogar durante el mes pasado por la misma razón.  La nueva Ley AB 3088 pone un alto a los desalojos durante el resto del 2020. Los indocumentados también son beneficiados con esta iniciativa.

No más desalojos en 2020

Indocumentados incluidos en la protección de ley AB 3088, creada por el asambleísta demócrata, de San Francisco, David Chiu

Por Manuel Ortiz

Alianza Metropolitan News

EAST PALO ALTO. — Era viernes al mediodía. Una familia de hondureños desmantelaba su departamento y empacan apresurados sus pertenencias en cajas cartón y bolsas de plástico. Se mudaban de último momento por presiones del arrendatario, al cual le debían tan solo 700 dólares y, posiblemente por esta razón, les notificó que tenían que salir de la propiedad porque la iba a vender.  Al mes de agosto le quedaban un par de días para concluir.

Al igual que la familia de hondureños, la cual no quiso hacer ninguna denuncia para “no meterse en problemas”, aproximadamente 4 millones de personas en California estaban en peligro de perder su hogar debido a la conclusión en agosto de la moratoria de desalojos.

No obstante, gracias a la intensa labor del asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu, en septiembre entró en vigor la ley AB 3088, la cual implica un alto a los desalojos durante el presente año, así como fuertes sanciones a los arrendatarios que presionen a los inquilinos.

“Todas saben que, antes de la pandemia, en California ya teníamos una crisis de vivienda”, dijo  Chiu en una videoconferencia organizada Ethnic Media Services. Dicha crisis, como ha reportado Alianza News, se agudizó con la pérdida de empleos debido al COVID-19, dejando a millones de personas en riesgo de perder su hogar.

“No podemos permitir que haya un desalojo masivo de personas, eso sería catastrófico”, sostuvo Chiu.  “Más de la mitad de la gente latina, el 55 por ciento, están teniendo muchos problemas con el costo de la vivienda”.  Este es el contexto que dio origen a la ley AB 3088, explicó asambleísta.

La AB 3088 solo les da protección a aquellos arrendatarios, incluidas las personas indocumentadas, que dejaron de pagar la renta como consecuencia del COVID-19. La ley estipula que los inquilinos deben pagar al menos el 25 por ciento de su renta entre agosto de este año y enero del 2021. El 75 por ciento restante deberá ser pagado y la deuda tendrá un carácter de civil. Es decir que esta ley no implica la condonación total de la deuda y quienes no logren pagar podrían ser desalojados el próximo año.

“Esta no es la ley que yo quería pasar, pero es la que pudimos lograr”, dijo Chiu, quien antes había promovido una la ley mucho más generosa con los inquilinos afectados, la AB 1436, la cual pretendía ofrecer un subsidio de desalojo a los inquilinos del estado, así como alentaba a los propietarios e inquilinos a elaborar un sistema para los alquileres atrasados, sin cargos por pagos atrasados. También ordenaba la eliminar las consecuencias negativas, como la notificación de desalojo que aparece en el informe de crédito del inquilino.

Aunque la ley actual AB 3088 es “imperfecta”, según el mismo Chiu, ésta representa un logro y detiene temporalmente la avalancha de desalojos que estaba por comenzar en septiembre. La AB 3088, además, incluye sanciones más elevadas, de entre mil y dos mil quinientos dólares, cada vez que los propietarios bloqueen a los inquilinos.

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