22 de septiembre de 2020
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El presidente salvadoreño demandará ante la CIDH al Congreso y a la Corte Suprema

San Salvador, 20 may (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los órganos Legislativo y Judicial por supuestamente quitarle herramientas para atender la pandemia de COVID-19.

 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrece una conferencia de prensa este lunes, en Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrece una conferencia de prensa este lunes, en Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 20 may (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los órganos Legislativo y Judicial por supuestamente quitarle herramientas para atender la pandemia de COVID-19.

"La demanda es para la CIDH por la violación al derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño al no permitirle al Gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y la expansión de la pandemia", dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

Este anunció se da en medio de las constantes tensiones que tiene el Ejecutivo con el Congreso y Corte Suprema, órganos a los que acusa el mandatario de retirarle herramientas para frenar el avance del coronavirus.

El presidente Bukele aseguró que "todas las medidas que ha tomado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS".

El mandatario añadió que las medidas que otros países han tomado son "muchísimo más estrictas que las de El Salvador" y citó como ejemplo las tomadas por España e Italia.

"No estamos hablando de dictaduras, no sé si hay dictadura en Italia", acotó.

Algunos analistas y activistas salvadoreños han señalado que el mandatario ha impulsado medidas de carácter "autoritario", como el ingreso a la sede del Congreso en febrero pasado con militares y policías armados el pasado 9 de febrero.

Otra decisión cuestionada es la de no obedecer un fallo del Supremo de frenar las detenciones y confinamiento "forzoso" de las personas que supuestamente se saltaban la cuarentena domiciliar mientras los diputados no lo habilitaran mediante una ley.

En los últimos días, Bukele ha criticado a los diputados por no prorrogar un estado de emergencia y a los magistrados por suspender la declaración de dicho estado por parte del Ejecutivo, que prescindió del Legislativo.

DEMANDA NO PROCEDE

Celia Medrano, de la organización humanitaria Cristosal, dijo a Efe que "según la normativa de la CIDH, no es factible generar una demanda desde el Poder Ejecutivo contra otros dos poderes del Estado".

Señaló que desde los canales de difusión de la Presidencia se habla de una "denuncia" y sostuvo que "no pude recurrirse a una instancia internacional en función de que el Estado se denuncie así mismo".

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró en sus redes sociales que la demanda que pretende llevar Bukele a la CIDH no es procedente.

"Su demanda es inadmisible por ser un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado", señaló Vivanco.

Añadió que "el ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos, sino que los protege".

BUSCAN ANULAR EMERGENCIA Y CUARENTENA

Bukele, quien anunció que vetará una ley de reactivación económica con la que el Congreso decidió sustituir la declaración de emergencia dada desde marzo pasado, emitió dos nuevos decretos para mantener sus medidas de confinamiento.

La Presidencia emitió el martes un nuevo decreto de estado de emergencia, nuevamente prescindiendo del Congreso, y el Ministerio de Salud dio una orden de cuarentena domiciliar "absoluta" hasta el 6 de junio.

Dos representantes del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que anule dichos decretos.

"Nuevamente hemos visto cómo el presidente ha sobrepasado las atribuciones que la Constitución le otorga y el abuso de poder", dijo a periodistas Carlos García, diputado suplente de Arena.

Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) se han negado a ampliar una ley de confinamiento obligatorio y que permite el uso de la fuerza porque, a su juicio, el mandatario se basó en ella para aplicar medidas que violan derechos.

Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.571 casos confirmados de COVID-19, 32 fallecidos y 902 pacientes sospechosos de contagio.

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El Gobierno de Nayib Bukele decretó que la cuarentena "absoluta" y "rígida" se mantenga hasta el próximo 6 de junio, fecha propuesta por el mandatario para comenzar con la reactivación de la economía salvadoreña.

La medida fue declarada con un decreto del Ministerio de Salud que se basa únicamente en leyes de sanidad pública y fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluido uno que el mandatario dijo que no cumpliría una medida cautelar dictada.

En los últimos días las tensiones del Ejecutivo con los órganos Legislativo y Judicial han incrementado con duras críticas del gobernante por el supuesto retiro de facultades para enfrentar la pandemia.

El lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente los efectos de una declaración de emergencia dictada cerca de la madrugada del domingo por Bukele, quien prescindió del Congreso tras respaldarse en un artículo que le da la facultad si los diputados no tienen posibilidad de reunirse.

"No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años", sino que "carece del más mínimo sentido común", sostuvo Bukele.

Este martes, el Gobierno repitió la acción y emitió un nuevo decreto de emergencia, pero que subsana los señalamientos de un abogado que llevaron a los jueces constitucionales a suspender la primera medida, según abogados de la Presidencia.

DECRETO "INCONSTITUCIONAL"

Para el abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el nuevo decreto de emergencia "cae en una inconstitucionalidad", dado que debe ser aprobado por el Congreso.

"Continúa con el vicio de inconstitucionalidad que se alegó por parte de los demandantes y que originó que la Sala declarara una medida cautelar", dijo a Efe el letrado.

Subrayó que "el presidente está invadiendo atribuciones legislativas" y apuntó que esta acción del presidente es un "un subterfugio legal para tratar de evitar que la Sala siga conociendo este proceso" de inconstitucionalidad.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, el nuevo decreto de emergencia "deroga" el cuestionado ante el Supremo por lo que "ya no tiene objeto" que los jueces constitucionales sigan el proceso contra la primera medida.

¿LIMBO LEGAL?

Para Escobar, el país no ha caído en un "limbo legal" ante la forma en que el Gobierno ha decretado la emergencia, sino que se ha hecho "un poco difícil la comprensión" de las legislaciones.

"Tenemos esta dispersión de normas y este, hasta cierto punto, desorden normativo. En esa medida, lo que tenemos es una complicación de las regulaciones. No es un limbo legal, sino que una maraña legal", acotó.

El presidente salvadoreño tiene en sus manos una ley aprobada por el Congreso cerca de la madrugada del martes, misma que establece la reactivación de la economía en cuatro fases por 120 días.

No obstante, Bukele aseguró que la vetaría porque supuestamente invade sus funciones, mientras que Argueta advirtió que posee elementos que "rayan en la inconstitucionalidad" por "forma y fondo.

El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, explicó el martes en una conferencia de prensa que en el país se mantendrán las medidas de prohibición del transporte público y los ciudadanos únicamente podrán salir de casa dos veces por semana, según su número de identidad, para comprar alimentos y medicinas.

Añadió que las personas que supuestamente violen la cuarentena domiciliaria obligatoria serán llevadas ante un médico para que este ordene un confinamiento por 15 días en centros de contención.

La ONU reclamó hoy al Gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades de este país centroamericano.

Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.571 casos confirmados de COVID-19, 31 fallecidos y 902 pacientes sospechosos de contagio.

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