19 de septiembre de 2019
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Imputan más delitos de lesa humanidad a militares por masacre en El Salvador

San Francisco Gotera (El Salvador), 22 ago (EFE).- Una corte de El Salvador imputó este jueves los delitos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición a tres mandos militares retirados por la masacre de El Mozote (1981), quienes también son procesados por otros cargos.

San Francisco Gotera (El Salvador), 22 ago (EFE).- Una corte de El Salvador imputó este jueves los delitos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición a tres mandos militares retirados por la masacre de El Mozote (1981), quienes también son procesados por otros cargos.

Se trata de Juan Adalberto Landaverde, Roberto Garay Saravia y José Antonio Rodríguez, los tres vinculados a la planificación y ejecución del operativo militar que concluyó con el asesinato de unos 1.000 campesinos, la mayoría niños, en El Mozote (noreste).

Rodríguez fue el único que se presentó a la audiencia para ser notificado de los cargos, mientras que los otros dos imputados, que se encuentran en Estados Unidos y Francia, fueron informados mediante sus abogados defensores.

El titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste), Jorge Guzmán, indicó a Rodríguez y a los abogados de Landaverde y Garay que los referidos delitos adquirieron la calidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Señaló que los mismos se dieron en un "ataque sistemático y generalizado" contra población civil y "ofenden la conciencia de la humanidad".

El juzgador subrayó durante una audiencia que dicha decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018, en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y de lesa humanidad.

Estas personas también son procesadas desde marzo de 2017 por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, cargos también declarados crímenes de guerra y lesa humanidad.

El pasado 12 de julio, se presentaron 12 imputados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García, para ser notificados de la imputación por tortura, desaparición y desplazamiento forzado.

Solo resta la imputación a Natividad Cáceres Cabrera por estos tres nuevos delitos.

David Morales, quien es uno de los abogados que representa a las víctimas de la masacre y es miembro de la organización de derechos humanos Cristosal, aseguró a periodistas al final de la audiencia que espera que el proceso pase a juicio en los próximos meses.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

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El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste) recibió el testimonio de Rolando Brizuela a petición de la defensa del imputado Mauricio Duke Lozano.

Brizuela, quien dirigía una sección de 30 elementos del Batallón Atlacatl hasta un mes antes de la masacre, aseguró que a mediados de 1981 Duke fue herido por una mina en la zona norte del país centroamericano durante un despliegue militar.

Apuntó que la gravedad de las heridas lo obligó a quedar fuera de las operaciones en las zonas con presencia de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

"Ningún comandante lo podría utilizar (en el terreno) porque no estaba operativo", afirmó el testigo.

No obstante, Brizuela no pudo asegurar, a preguntas de la Fiscalía y de los abogados de las víctimas, que Duke no participó en la operación que derivó en la masacre de El Mozote de forma directa o como autor intelectual.

Por otra parte, Brizuela aseguro al juez Jorge Guzmán que los militares heridos eran incluidos en labores logísticas tras recuperarse.

Para el abogado de las víctimas y director de Litigio Estratégico de la organización de derechos humanos Cristosal, David Morales, el testigo "no tiene una credibilidad fuerte" por su relación con los procesados.

"Su aporte al proceso no tiene firmeza, no tiene plena coherencia, obviamente hay una parcialidad por su vinculo con los imputados", indicó el letrado.

Morales también criticó que Brizuela no pudo identificar a los oficiales que estaban en los mandos medios del referido batallón y que únicamente recordada a Duke.

Sin embargo, el abogado sostuvo que Brizuela dio cuenta de la "dinámica militar" al interior de su batallón y que esta incluía la preparación de planes y la logística para ejecutar operaciones militares.

"Dejó en claro que toda operación militar requiere una operación logística" y que dichos movimientos "deben dejar registros administrativos", mismo que "se a negado a entregar al tribunal la Fuerza Armada", acotó Morales.

El juez de la causa también imputó este jueves a tres mandos militares retirados los delitos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición, que se sumaron a otros que enfrentan desde 2017.

Se trata de Juan Adalberto Landaverde, Roberto Garay Saravia y José Antonio Rodríguez, los tres vinculados a la planificación y ejecución del operativo militar que concluyó con la masacre.

Rodríguez fue el único que se presentó a la audiencia para ser notificado de los cargos, mientras que los otros dos imputados, que se encuentran en Estados Unidos y Francia, fueron informados mediante sus abogados defensores.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

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