24 de agosto de 2019
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Jimmy Morales entrega una revocatoria para seguir negociando el tercer país seguro para migrantes

Guatemala, 23 jul (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este martes una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir un amparo provisional que prohibía al Gobierno seguir negociando con Estados Unidos convertir a la nación centroamericana en un "tercer país seguro" para migrantes.

 En la imagen, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. EFE/Esteban Biba/Archivo

En la imagen, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 23 jul (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este martes una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir un amparo provisional que prohibía al Gobierno seguir negociando con Estados Unidos convertir a la nación centroamericana en un "tercer país seguro" para migrantes.

"El Organismo Ejecutivo presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria al amparo provisional otorgado debido a que el contenido de los acuerdos en discusión permanecían en una mesa de negociación de alto nivel", aseguró la Presidencia en un comunicado.

Esta decisión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Guatemala con imponer "vetos, aranceles e impuestos a las remesas" debido a que Guatemala había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un "tercer país seguro".

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE.UU., algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro", aseguró Trump en su cuenta personal de Twitter.

El Constitucional, el máximo tribunal del país, había decidido amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que Guatemala no fuera convertida en un tercer país seguro, un acuerdo que se ha roto.

Esta decisión, según Morales, atenta "contra de la Constitución y el mandato presidencial" y "pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos" por traer consigo posibles sanciones del principal socio económico de Guatemala, que ya hizo públicas sus amenazas.

Horas después, Morales culpó a la Corte de Constitucionalidad de estas posibles sanciones económicas por unas decisiones que calificó como irresponsables y explicó que las negociaciones y la labor de su Gobierno se han visto "entorpecidas" por estos fallos del máximo tribunal del país, que no están "apegados a derecho y que dañan la política exterior" de Guatemala.

Es por ello que ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores a que "agote todas las instancias diplomáticas disponibles" para "evitar posibles sanciones que repercutan negativamente en la economía del país" y avanzó que la prioridad de las negociaciones con Estados Unidos seguirá siendo aquellas que garanticen el "bienestar de los guatemaltecos".

En un mensaje a la nación, Morales volvió a insistir al pueblo y a la comunidad internacional que su Gobierno seguirá fortaleciendo sus relaciones con los países amigos y reiteró su crítica a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad por un "entrometimiento irresponsable y no apegado a derecho", pues los acuerdos con Estados Unidos están encaminados a reducir la migración irregular, promocionar el desarrollo y fortalecer la seguridad fronteriza y la gobernabilidad regional.

"Las negociaciones para implementar un plan conjunto entre Guatemala y Estados Unidos para atender de manera urgente la migración irregular se estaba consolidando en apego a nuestra legislación y siempre velando por la defensa de nuestra soberanía y los derechos humanos de los migrantes", insistió, y agregó que este plan, que considera varios acuerdos "de cooperación", se abortó por la influencia de "algunos actores mezquinos".

El mandatario, que mostró su preocupación por las acciones de "dolo y alevosía" de estas personas, dijo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad "abusaron" de su investidura y añadió que en ninguno de los acuerdos que discuten los dos Gobiernos en "mesas de alto nivel" se considera construir en Guatemala "campos de concentración", aunque no mencionó la posibilidad de convertir a la nación en un tercer país seguro.

Estados Unidos también amenazó este martes con sancionar a congresistas de Guatemala que, a su juicio, han obstaculizado el acuerdo para convertir a esa nación en un "tercer país seguro", lo que habría permitido enviar allí a los solicitantes de asilo que llegaran a la frontera sur estadounidense.

Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Donald Trump, se expresó así en una entrevista con Efe unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer "aranceles e impuestos a las remesas" para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado.

De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9.300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.

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El Constitucional de Guatemala achaca a funcionarios de posibles sanciones de EE.UU.

Guatemala, 23 jul (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó este martes los intentos del presidente Jimmy Morales y otros actores del país de atribuir a los magistrados del máximo tribunal la responsabilidad por las amenazas de sanciones económicas anunciadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En contraste, el presidente del Constitucional, Bonerge Mejía, pronunció que las consecuencias "jurídicas y políticas" derivadas de "la conducción de la política exterior del Estado constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio", como el presidente Morales y la canciller Sandra Jovel.

Acompañado de tres de los otros cuatro magistrados titulares -solo faltó la magistrada nombrada por el presidente, Dina Ochoa-, Mejía enfatizó que "son infundadas" las expresiones que intentaron atribuir este martes la responsabilidad de las posibles sanciones anunciadas por Trump a los aranceles y las remesas.

En la sala de vistas de la Corte, Mejía leyó un comunicado de prensa sin atender consultas de los medios de comunicación y subrayó que la función esencial del máximo tribunal "es la defensa del orden constitucional" y que su rol es "independiente de los demás organismos del Estado".

Mejía indicó que los magistrados no pueden "asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala" y reiteró que los funcionarios públicos "están al servicio del Estado y no de partido político alguno", como aseguró el presidente Morales este martes, cuando pidió a los magistrados que "no sigan actuando como activistas políticos".

En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Jimmy Morales, advirtió que "la mayoría de sus magistrados (constitucionales), identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo".

Sin embargo, el presidente de la Corte de Constitucionalidad detalló que en la resolución del amparo en contra del Ejecutivo en su intención de convertir a Guatemala en un "tercer país seguro" no se "prohibió ninguna acción al presidente", pues en su dictamen se le indicó al Ejecutivo "el procedimiento establecido en la Constitución para la firma de un convenio de esa naturaleza".

Mejía recordó que es el Congreso el que "debe aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando afecten el dominio de la nación" y cuando "obliguen financieramente al Estado".

"Por el bien de la ciudadanía", dijo, insto "a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidades de conformidad con la Constitución".

El Constitucional decidió la semana pasada amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dejar en suspenso que Guatemala no fuera convertida en un "tercer país seguro", un acuerdo que se ha roto según Estados Unidos.

En consecuencia, este martes, el presidente Donald Trump amenazó a Guatemala con imponer "vetos, aranceles e impuestos a las remesas" debido a que Guatemala había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un "tercer país seguro".

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE.UU., algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro", aseguró Trump en su cuenta personal de Twitter.

Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Donald Trump, se expresó así en una entrevista con Efe unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer "aranceles e impuestos a las remesas" para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado.

De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9.300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.

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Guatemala, 23 jul (EFE).- Guatemala se enfrascó este martes en un cruce de acusaciones entre el Gobierno y diversas instituciones por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer impuestos a los aranceles guatemaltecos y a las remesas de los migrantes por haber "roto" un acuerdo inicial de la política conocida como "tercer país seguro".

Mientras el presidente Jimmy Morales y el sector empresarial se empecinaron en acusar a la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal del país) de haber obstaculizado la política exterior del Gobierno en decisiones que le corresponden únicamente al mandatario, la oposición criticó duramente a Morales por insistir en convertir al país en un asilo de migrantes y lamentó la imposición de las sanciones anunciadas por Trump.

Frente a la puerta principal del Palacio Legislativo, el diputado oficialista Marcos Yax, que participa en las comisiones ordinarias de Migrantes y de Relaciones Internacionales, quemó un par de piñatas caracterizadas de Donald Trump mientras culpaba al Ejecutivo norteamericano de hacer "bullying en contra de nuestros hermanos migrantes".

El impuesto que anunció Trump sobre las remesas "ya está pagado", dijo Yax mientras ardía una de las piñatas, porque "cuando el migrante recibe su salario, inmediatamente le quitan todos sus impuestos habidos y por haber", expuso, y avanzó que no permitirá que el presidente estadounidense "haga esos comentarios fuera de contexto".

Además, los candidatos a la presidencia para la segunda vuelta que se celebrará el próximo 11 de agosto, la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres y el exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, coincidieron en achacar esta responsabilidad al presidente Morales por su falta de transparencia a la hora de negociar con Estados Unidos.

El candidato presidencial del centroderechista partido Vamos, Alejandro Giammattei, publicó en su cuenta de Twitter que las declaraciones del presidente Trump "son el resultado de la ineficiencia e incapacidad de la política exterior del Gobierno de Jimmy Morales", pues con su "secretismo ha afectado a los inmigrantes guatemaltecos indocumentados y a la economía del país centroamericano.

Por su parte, la aspirante presidencial del socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, aseguró que Trump "descubrió en el engaño" a Morales, a quien le pidió dejar de negociar "a espaldas del pueblo y en secreto" para no comprometer "más" el futuro de los guatemaltecos.

Una diplomática de la Cancillería guatemalteca consultada por la Agencia Efe, que pidió el anonimato, aseguró que la amenaza de Trump es una "bravuconada" que además es "inviable", pues el presidente estadounidense "no puede subir las preferencias arancelarias porque están dadas en el marco de un tratado comercial, que es una negociación en conjunto".

Sin embargo, reconoció que Trump "tiene cierta facultad para imponer o quitar tarifas", "una decisión momentánea porque el Congreso (de ese país) debería ratificarlo y (Trump) tendría oposición ahí", además de que no está claro quién o cómo se impondrían los impuestos a las remesas.

La experta señaló que el Gobierno y sus aliados mantienen un pulso para debilitar a la Corte de Constitucionalidad, la cual otorgó un amparo a excancilleres y a la Procuraduría de Derechos Humanos para evitar que el Gobierno acordara con EE.UU. convertir a la nación en un "tercer país seguro".

Tanto el sector empresarial organizado, como las cámaras de la Industria y del Agro se manifestaron en contra de las amenazas de Trump pero aseguraron que éstas se debían a la intromisión del Constitucional en las decisiones gubernamentales, por lo que responsabilizaron a la Corte de las consecuencias que "sufrirán" los guatemaltecos por sus resoluciones "ilegales".

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Juan Carlos Tefel, lamentó que el máximo tribunal se haya empecinado en "llevar la política exterior" del país e incluso de tratar de "legislar", acciones que no le corresponden y que en relación a las negociaciones migratorias con EE.UU. dejan "un precedente terrible" y liberó de "culpa" al Gobierno.

Pero el procurador de los DD.HH., Jordán Rodas, advirtió que las decisiones sobre política exterior del Gobierno "carecen de transparencia y son contrarias al bien común" y que el Constitucional "realiza su labor en defensa del orden constitucional", por lo que lamentó que el Gobierno responsabilice al tribunal de las sanciones anunciadas por EE.UU. y que evada "las consecuencias de sus propias disposiciones".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este día a Guatemala con "vetos, aranceles e impuestos a las remesas" debido a que el país centroamericano ha decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un "tercer país seguro".

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