La oposición emplaza al Gobierno de Nicaragua a negociar una salida a la crisis local
Managua, 17 jul (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazó este miércoles al Gobierno de Nicaragua a negociar una salida a la crisis sociopolítica local, que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
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El líder universitario Max Jerez (i), el académico y antiguo embajador en Estados Unidos, Carlos Tünnermann (c), y la activista y miembro de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, Azahálea Solís, participan en una rueda de prensa de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, este miércoles, para emplazar al gobierno de Daniel Ortega a retomar la mesa de negociación, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres
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La activista y miembro de Alianza Cívica, Azahálea Solís, participa en una rueda de prensa de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, este miércoles, para emplazar al gobierno de Daniel Ortega a retomar la mesa de negociación, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres
Managua, 17 jul (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazó este miércoles al Gobierno de Nicaragua a negociar una salida a la crisis sociopolítica local, que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
La Alianza Cívica mostró su postura ante la incapacidad y el silencio del Gobierno frente al "deterioro" socioeconómico de Nicaragua, explicó el exdiplomático nicaragüense y miembro del grupo opositor, Carlos Tünnermann, al leer el emplazamiento.
"La aspiración del pueblo de Nicaragua para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones sociales y económicas y un futuro mejor, nos mueve a emplazar al gobierno a participar en dicha negociación (...) las acciones unilaterales del régimen no han podido, ni podrán resolver el origen del conflicto", destacó la Alianza.
Dos negociaciones anteriores han fracasado debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, según la oposición.
Las futuras negociaciones, referidas por la Alianza Cívica, son la base de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 28 de junio, y una recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) del 10 de julio.
La jurista Azahalea Solís, integrante de la Alianza, recordó que la clave fundamental para que se instauren unas negociaciones "de buena fe", tal como lo mandó la OEA, está "principalmente relacionada con el cumplimiento de los acuerdos" entre el Gobierno y el grupo opositor, de marzo pasado.
En dichos acuerdos el Gobierno se comprometió a dar libertad definitiva a todos los "presos políticos", y a respetar las libertades de expresión y de prensa.
Tünnermann recordó que hasta ahora el Gobierno mantiene a más de 100 manifestantes en las cárceles, y los más de 600 que ya fueron excarcelados no tienen un sobreseimiento definitivo, pero además, todavía están prohibidas la libertad de reunión, manifestación y movilización.
La Alianza también emplazó al Gobierno del presidente Daniel Ortega a cumplir con dichos acuerdos, pero además al "esclarecimiento de la verdad con justicia, reparación y no repetición (sobre los crímenes en el marco de la crisis); y la celebración de elecciones libres, observadas, transparentes y anticipadas".
La crisis de Nicaragua inició hace 15 meses, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se alzó contra Ortega luego de que su Gobierno realizó ataques armados contra manifestantes, con resultados letales.
La crisis de Nicaragua ha dejado unos 326 muertos desde el estallido social contra Ortega 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales establecen la cantidad en 594, por su parte el Gobierno reconoce 200.
La CIDH también sostiene que el Gobierno nicaragüense ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.
La OEA tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.
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Ataque de la Policía de Nicaragua a una familia deja un muerto, según la oposición
Managua, 17 jul (EFE).- Un joven murió y dos de sus parientes resultaron heridos por disparos de la Policía de Nicaragua, que ingresó a la vivienda de una familia sin orden judicial, denunció una fuente del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, aunque la institución afirma que se trató de una acción en "legítima defensa".
Según sus familiares, Bryan López, de 22 años, falleció eta madrugada al recibir varios disparos de fusil AK-47, ejecutados por un grupo de al menos nueve policías que entraron a su vivienda en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua.
Kener López y Javier Cortez, primo y tío de la víctima, respectivamente, se encuentran en estado grave en el Hospital de León, indicaron las fuentes.
Según los familiares, los agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron a la vivienda sin tener una orden judicial, con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega en los últimos 15 meses.
La madre del muchacho, Marina López, confirmó que su hijo fue alcanzado por los disparos al intentar huir de los policías; y sus familiares resultaron heridos cuando salían de sus cuartos al percatarse de la situación. "Fue una masacre", subrayó.
La Policía de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que identificó al joven muerto y a los heridos como autores de "delitos de peligrosidad", que "se armaron con machetes y se lanzaron contra los integrantes de la patrulla", hasta lesionar a uno de los agentes.
"Ante el inminente peligro de sus vidas, en legítima defensa, haciendo uso de su arma de reglamento, un miembro de la patrulla policial respondió a la agresión", explicó la Policía, que no identificó al autor del disparo y sostuvo que sí tenían orden judicial.
"Mejor se lo hubieran llevado preso, pero no me lo hubieran matado", dijo la madre de la víctima, quien insistió en que le dispararon "por no estar de acuerdo con las cosas que hacen ellos (el Gobierno)".
Entre abril y julio del año pasado la oposición denunció varias acciones policiales de las mismas características, en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre las que hasta ahora el Gobierno no se pronuncia.
Esta misma mañana diferentes grupos de oposición informaron de redadas policiales contra personas que han expresado su descontento contra el Gobierno de Ortega en ciudades del Pacífico y norte de Nicaragua.
Los arrestos, que los opositores califican de "secuestros", se han incrementado conforme se acerca el aniversario 40 de la revolución sandinista, el 19 de julio, que tiene en Ortega su centro de atención.
En marzo pasado el Gobierno se comprometió a no perseguir a las personas que se expresaran contra Ortega, pero, según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta ahora no ha cumplido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de una crisis que comenzó en abril de 2018, con el estallido social contra Ortega.
De acuerdo con la CIDH, el conflicto ha dejado 326 muertos. Organismos locales elevan la cifra a 594, pero el Gobierno reconoce 200.
Hasta ahora Ortega, quien lleva 12 años en el poder, se niega a un adelanto de elecciones como solución a la crisis. EFE
wpr/dmt
"La represión letal continúa" en Nicaragua, según Amnistía Internacional
Managua, 17 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que "la represión letal continúa" en Nicaragua, país que se encuentra inmerso en una grave crisis sociopolítica desde abril del año pasado que ha dejado cientos de muertos.
En una declaración enviada a Efe, AI señaló que un operativo policial ocurrido la madrugada de este miércoles, en el que murió el joven Bryan Murillo López, a consecuencia de los disparos efectuados por agentes del orden, "apunta a que la represión letal continúa" en el país centroamericano.
"Dos familiares de la víctima, su hermano Kener Murillo López y su cuñado Javier Cortez, resultaron también gravemente heridos", indicó AI.
Según un comunicado de la Policía Nacional, los oficiales dispararon en "legítima defensa".
En tanto los familiares de la víctima aseguran que Murillo López, de 24 años, falleció al recibir varios disparos de fusil AK-47, ejecutados por un grupo de al menos nueve policías que entraron a su vivienda en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua.
Según los familiares, los agentes ingresaron a la vivienda sin tener una orden judicial, con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega en los últimos 15 meses.
La madre del muchacho, Marina López, confirmó que su hijo fue alcanzado por los disparos al intentar huir de los policías y sus familiares resultaron heridos cuando salían de sus cuartos al percatarse de la situación. "Fue una masacre", subrayó.
La Policía de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que identificó al joven muerto y a los heridos como autores de "delitos de peligrosidad", que "se armaron con machetes y se lanzaron contra los integrantes de la patrulla", hasta lesionar a uno de los agentes.
La Policía no identificó al autor del disparo y sostuvo que sí tenían orden judicial.
Para AI, la información analizada hasta el momento indicaría que la Policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar.
Además, observó que las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora al Gobierno de Ortega "en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten del" Ejecutivo.
"La muerte del joven Bryan Murillo López, así como las graves lesiones contra Kener Murillo López y Javier Cortez, demuestran una vez más la brutalidad del Gobierno de Daniel Ortega. Las circunstancias del operativo, así como el perfil de las víctimas, apuntan a que podría tratarse de un nuevo hecho de represión letal contra la disidencia", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
"Las autoridades nicaragüenses, lejos de dar una explicación plausible, han presentado a las víctimas como delincuentes. Exigimos la realización de una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de estos hechos y de otras posibles violaciones graves de derechos humanos, de manera que haya acceso a la Justicia para las víctimas y garantías de no repetición", continuó.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.
