18 de agosto de 2019
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Envían a prisión a un exalcalde de Tegucigalpa por presunta corrupción

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El exministro y exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor se entregó a la justicia de Honduras, que lo acusa de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos, y fue enviado este viernes a prisión.

 Miguel Pastor, exministro y exalcalde de Tegucigalp. EFE/Archivo

Miguel Pastor, exministro y exalcalde de Tegucigalp. EFE/Archivo

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El exministro y exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor se entregó a la justicia de Honduras, que lo acusa de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos, y fue enviado este viernes a prisión.

Pastor, exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2012, se presentó el jueves de forma voluntaria al Juzgado Penal en materia de Corrupción de la capital hondureña, que dictó esta madrugada su detención judicial, afirmó a periodistas el portavoz del poder Judicial, Carlos Silva.

La misma medida fue impuesta a Walter Maldonado, ex director de Carreteras de Soptravi, y Daysi Zúñiga, gerente general de la empresa constructora Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R.L (Incohz), añadió.

Pastor y Maldonado fueron remitidos a un batallón cercano a Tegucigalpa y Zúñiga a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, al norte de la capital.

El Juzgado Penal en materia de Corrupción programó la audiencia inicial de los tres acusados para el sábado, señaló el portavoz del poder Judicial del país.

Pastor, que ejerció el cargo de alcalde de 2002 al 2006, y Maldonado, fueron acusados por las autoridades de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos, mientras que Zúñiga es señalada de falsificación de documentos y cómplice para fraude.

Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan hoy un allanamiento en las viviendas del ex alcalde, del Partido Nacional (en el poder), y de Maldonado.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, afirmó a periodistas que el operativo busca recopilar "información física o digital" para fortalecer la investigación.

Agregó que la ATIC vincula al ex burgomaestre y los otros dos acusados a un caso de presunta corrupción que incluye el otorgamiento de contratos públicos a empresas de los líderes de la banda narcotraficante Los Cachiros, presos en Estados Unidos.

Los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes de la banda Los Cachiros, se entregaron voluntariamente a la Justicia estadounidense a finales de enero de 2014.

Galindo indicó que otras doce personas, a las que no identificó, tienen orden de aprehensión tras ser acusados en este caso de presunta corrupción presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic), que depende del Ministerio Público y cuenta con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en el país (Maccih).

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Honduras y la OEA presentan un nuevo caso de corrupción denominado "Narcopolítica"

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó este viernes su duodécimo caso de corruptela en el país, denominado "Narcopolítica", en el que están implicadas doce personas, entre ellas el exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor.

La investigación de la UFECIC-MP contó con la asistencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que depende de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

Entre los doce implicados en el caso también figura Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014).

"Esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado", dijo en rueda de prensa el vocero de la Misión, Luiz Guimarães Marrey.

La MACCIH cumple con su misión "en estricto cumplimiento" al convenio suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA, añadió.

Miguel Pastor se involucró en el caso cuando fue ministro de Obras Públicas y Transporte, durante el Gobierno de Porfirio Lobo.

La UFECIC-MP presentó ante el Circuito Anticorrupción el requerimiento fiscal contra las doce personas, acusadas de "formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron".

Guimarães Marrey explicó que el requerimiento fiscal es producto de una investigación hecha por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la UFECIC-MP, con apoyo técnico de los expertos de la MACCIH-OEA.

Los acusados son Fabio Lobo, Devís Leonel Rivera, Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado, Deysi Marina Zúñiga y siete personas más, y enfrentarán juicio por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo, indicó Guimarães Marrey.

La investigación surgió a partir de la declaración de Devís Leonel Rivera, hecha ante un juez de EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico, en la que manifestó que en el 2009 entró en contacto con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a quien le dio dinero para su campaña electoral.

Además, según Rivera, Lobo le sugirió que "a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado".

Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia, Porfirio Lobo nombra en Obras Públicas y Transporte a Miguel Pastor Mejía, y como director de Carreteras a Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por Devís Leonel Rivera, 21 contratos por un monto de 68,3 millones de lempiras (2,7 millones de dólares), añade la denuncia.

Con esos fondos aparentemente se harían obras en los departamentos orientales de Olancho y Colón.

Pero resulta que los contratos se otorgaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.

Los otros cinco contratos "fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados" por Porfirio Lobo en Consejo de Ministros, por la emergencia causada por la tormenta tropical Agatha.

Según la denuncia, en los decretos de emergencia en principio no se incluyó a Olancho, que era donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de INRIMAR, básicamente porque esa región no había sufrido mayores daños provocados por la tormenta.

Olancho fue incluido después mediante una ampliación que se hizo a los decretos de emergencia.

Las obras asignadas en los contratos en su mayoría no se ejecutaron y parte del dinero asignado no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de los contratos era "prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional" a través de ella.

La corrupción sigue salpicando a la Administración de Lobo: el 28 de febrero de 2018 capturaron a su esposa, Rosa Elena Bonilla, implicada y presa por otro escándalo, al que suma el de su hijo Fabio, preso en EE.UU. desde 2015 por narcotráfico, y el de un hermano mayor al que el gobernante habría favorecido cuando ejerció el poder.

El expresidente Lobo dice que entre Almagro y Hernández "hay un pacto de impunidad"

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El expresidente de Honduras Porfirio Lobo, implicado este viernes en un nuevo caso de presunta corrupción, rechazó las acusaciones y dijo que entre el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el actual gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, "hay un pacto de impunidad".

Aunque no se ha presentado un requerimiento fiscal contra él, al menos de manera pública, Lobo figura entre los implicados en una denuncia de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentada este viernes en Tegucigalpa, denominada "Narcopolítica".

Entre las doce personas contra las que se presentó requerimiento fiscal, siete de ellas no identificadas, figura el exministro de Obras Públicas y exalcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor.

La investigación de la UFECIC-MP fue apoyada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que depende de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

La denuncia fue presentada por el vocero de la MACCIH-OEA, Luiz Guimarães Marrey.

"Esto que dice el señor Guimarães lo desmiento totalmente", enfatizó Lobo, quien además reiteró que "hay un pacto de impunidad entre Luis Almagro y Juan Orlando Hernández", según él, para que presuntos actos de corrupción en el presente gobierno no sean investigados.

La UFECIC-MP presentó ante el Circuito Anticorrupción el requerimiento fiscal contra doce personas, acusadas de "formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron".

Guimarães Marrey explicó que el requerimiento fiscal es producto de una investigación hecha por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la UFECIC-MP, con apoyo técnico de los expertos de la MACCIH-OEA.

Los acusados son Fabio Lobo, Devís Leonel Rivera, Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado, Deysi Marina Zúñiga y siete personas más, y enfrentarán juicio por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo, indicó Guimarães Marrey.

La investigación surgió a partir de la declaración de Devís Leonel Rivera, hecha ante un juez de EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico, en la que manifestó que en el 2009 entró en contacto con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a quien le dio dinero para su campaña electoral.

Además, según Rivera, Lobo le sugirió que "a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado", lo que también rechazó el exgobernante.

Todo eso "es falso", recalcó Lobo, quien señaló que lo que ha hecho el vocero de la MACCIH-OEA es "repetir" algo que ya había dicho Devís Leonel Rivera, quien enfrenta juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

Igual situación enfrenta en Estados Unidos, también por narcotráfico, Fabio Lobo, hijo del expresidente, quien dijo que Rivera lo ha implicado a él para que la justicia norteamericana le reduzca los años de cárcel que deberá cumplir.

Según la denuncia contra las doce personas implicadas en el caso "Narcopolítica", una vez que Porfirio Lobo llegó al poder, el 27 de enero de 2010, nombró en Obras Públicas y Transporte a Miguel Pastor Mejía, y como director de Carreteras a Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por Devís Leonel Rivera, 21 contratos por un monto de 68,3 millones de lempiras (2,7 millones de dólares).

Lobo recordó que en septiembre de 2018 dijo que "nunca he recibido ningún dinero de delincuentes, ni tenido reunión particular con ellos", y que primero como presidente del Parlamento hondureño, y después al frente del Ejecutivo, impulsó leyes contra los narcotraficantes en el país.

Las obras asignadas en los contratos, según la denuncia de la UFECIC-MP y la MACCIH-OEA, en su mayoría no se ejecutaron y parte del dinero asignado no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de los contratos era "prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional".

La corrupción sigue salpicando a la Administración de Lobo: el 28 de febrero de 2018 capturaron a su esposa, Rosa Elena Bonilla, implicada y presa por otro escándalo, al que suma el de su hijo Fabio, preso en EE.UU. desde 2015 por narcotráfico, y el de un hermano mayor al que el gobernante habría favorecido cuando ejerció el poder.

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