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    Inauguran en Nicaragua una exposición que retrata las protestas contra Ortega

    15 de noviembre de 2018

    Managua, 15 nov (EFE).- Una muestra fotográfica que retrata las protestas contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que se iniciaron el 18 de abril pasado, fue inaugurada hoy en la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua.

    La muestra, denominada "Memoria Gráfica de la Resistencia Ciudadana en Nicaragua, 2018, Reclamo de Justicia y Democracia", expuesta en los pasillos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), de la UCA, reúne 50 imágenes y descripciones de la crisis que vive este país centroamericano desde abril.

    La exposición presenta el trabajo de los fotoreporteros de los periódicos El Nuevo Diario, La Prensa y Confidencial, la fotógrafa independiente Claudia Gordillo y uno extranjero.

    La muestra, que estará abierta durante un mes, fue inaugurada por el rector de la UCA, el padre José Alberto Idiáquez, y parte de los fotógrafos que participan en esa exposición colectiva.

    Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

    La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

    Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".

    Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

    La "Comisión de la Verdad" a favor de una propuesta de reconciliación en Nicaragua

    Managua, 15 nov (EFE).- La denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que está a cargo de investigar la muerte durante las violentas protestas acontecidas en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, se mostró hoy a favor de una propuesta del Gobierno de Daniel Ortega sobre alcanzar una cultura de paz y reconciliación.

    "Hoy en día al presidente (Ortega) se le quiere cuestionar porque la violencia generada en el país se la han querido atribuir y pienso que todos somos responsables, por ello la importancia del documento que nos lleva a una cultura de paz, que nos ayudará a deponer todas nuestras actitudes de violencia que tenemos dentro del corazón y la sociedad misma en la que nos movemos", dijo el sacerdote y miembro de esa comisión, Uriel Molina Oliú.

    Para el religioso, el "promover una cultura de paz nos permitirá llegar a un entendimiento mutuo entre todas las familias nicaragüenses".

    "Abre las puertas al diálogo, señala un camino a seguir, presenta metas, admite encuentros y desencuentros, parte de la existencia de diferentes visiones del mundo y es una línea de acción estratégica para que, con tolerancia y sentido de nación logremos superar nuestro presente y demos esperanza a nuestro futuro", dijo por su lado el académico y también miembro de esa comisión, Jaime López Lowery.

    "No se trata de un documento completo, sino perfectible que demanda la participación de todos, además, propone que se conduzca a niveles superiores de entendimiento, que alumbre el camino a un efectivo diálogo nacional", añadió López Lowery, vicerrector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

    Para el académico e intelectual Cairo Amador, miembro de la comisión, "la política de paz es la apertura a compuertas que se deben aprovechar".

    "El llamado es a todos los sectores del país. Esta es la oportunidad para que todos expresen su opinión y sean parte de esta nueva política la cual es incluyente", consideró.

    Esa comisión está integrada por el sacerdote franciscano Molina Oliú, el vicerrector de la UNAN Managua, Amador, así como la líder miskita Mirna Cunningham, y el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín.

    Esa comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

    El Gobierno presentó la semana pasada una propuesta de política de Estado para alcanzar una cultura de paz y reconciliación, que tiene como fin contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático y social de derecho, que promueva una cultura de paz y no violencia, en aras de salvaguardar la paz, la estabilidad, el bien común y la convivencia pacífica entre los nicaragüenses.

    El proyecto será presentado el próximo 3 de diciembre en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).

    Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 528 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

    La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

    Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".

    Las protestas callejeras contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las manifestaciones.

    Alianza Cívica de Nicaragua exige la libertad de un dirigente campesino

    Managua, 15 nov (EFE).- La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió hoy la libertad del dirigente campesino Lener Fonseca, capturado ayer por la Policía de Nicaragua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y presos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

    "Lener es otro preso político de este régimen, exigimos su liberación. No más judicialización y criminalización de la protesta cívica y pacífica", exigió la Alianza en un comunicado.

    Fonseca, miembro del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone a la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, es suplente en la mesa de diálogo nacional del líder campesino Medardo Mairena, capturado desde julio pasado.

    La Alianza denunció que Fonseca cuenta con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 15 de octubre pasado, por lo que la Alianza considera su arresto como un "secuestrado".

    "Condenamos el secuestro de nuestro hermano (...) a Lener lo apresan por ser un líder campesino que defiende los derechos humanos en sus comunidades", agregó la Alianza, de la cual Fonseca es un integrante.

    Organizaciones humanitarias afirman que en las cárceles de Nicaragua hay entre 552 y 558 "presos políticos". El Gobierno reconoce 273 reos, que denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

    Dichas organizaciones también han reportado entre 325 y 535 muertos en el contexto de las manifestaciones, de los cuales el Gobierno reconoce 199.

    La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

    Ortega no acepta la responsabilidad y sostiene que enfrentó un intento de "golpe de Estado".

    Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.