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    La fiscal asegura que el jefe de la Cicig puede ingresar a Guatemala

    09 de noviembre de 2018

    Guatemala, 9 nov (EFE).- La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, aseguró hoy que el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, puede ingresar al país, a pesar de que el Gobierno ha reiterado que no le permitirá volver.

    En una conferencia de prensa, la jefa del Ministerio Público leyó la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, el pasado 19 de septiembre, y aseguró que ese fallo "habla por sí solo" y "está vigente".

    "Esta amenaza y esta prohibición dejaron de tener efecto en la forma de resolver de este forma la Corte de Constitucionalidad", dijo Porras, y reiteró a todas las autoridades que se haga "efectiva" esta resolución.

    El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.

    Días después desconoció a Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington le prohibió el ingreso, aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo.

    Porras aseguró que el trabajo con la Comisión continúa y que no se ha visto afectado "en absoluto" por la no entrada de Velásquez.

    La Cicig presenta su informe con su jefe ausente y su compromiso de seguir

    Guatemala, 9 nov (EFE).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy su último informe anual de trabajo con su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez, como el gran ausente, pero reafirmando su compromiso de seguir apoyando a las autoridades guatemaltecas para fortalecer el Estado de Derecho.

    "Lamento no poder estar hoy físicamente con ustedes, pero bien saben que mi corazón y mi mente ocupan también los espacios en los que ustedes ahora se encuentran", aseguró Velásquez en un mensaje grabado, que fue reproducido durante la presentación de los resultados del trabajo de la Comisión durante el último año.

    El jefe de la Cicig, a quien el Gobierno de Guatemala le prohibió ingresar en el país por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, agradeció la solidaridad recibida en estos "momentos críticos".

    Agregó que a pesar de los tiempos difíciles el pueblo guatemalteco sabrá "superar la adversidad", y explicó que la recuperación del Estado para el bien común solo pueden hacerla los propios guatemaltecos, quienes lideran el trabajo en todos los ámbitos.

    "Aunque algunos pretenden generar confusión enarbolando falsos nacionalismos y acusando a la Comisión de violar la soberanía de Guatemala, la realidad es incontrovertible: ninguna investigación criminal, ninguna resolución judicial (...) es posible si no hay una autoridad nacional comprometida en ello", proclamó.

    Velásquez, quien abogó por reanudar los esfuerzos para que una reforma constitucional del sector justicia abra espacios a la independencia judicial y la modernización del Estado, reiteró que es "indispensable" para el fortalecimiento institucional que haya una "voluntad cierta del Estado y de la sociedad" de seguir con el proceso transformador iniciado en 2015.

    El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.

    Días después desconoció a Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington le prohibió el ingreso, aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo.

    En los últimos 11 años de trabajo, la Cicig ha logrado, según sus datos, identificar a más de 60 estructuras, presentar un centenar de casos, procesar a 600 personas, conseguir 310 condenas y proponer 34 reformas legales.

    Solo en el último año, la Comisión ha apoyado a la Fiscalía en la presentación de 16 casos, entre los que destaca "Caja de Pandora", que implicaba al expresidente y exalcalde Álvaro Arzú -fallecido este año-, la trama de "Comisiones Paralelas", una red de corrupción para la postulación de magistrados en las Cortes, la trama Odebrecht o el de financiación electoral ilícita del partido oficial.

    También destacan, según el documento, el avance de varias causas y la lectura de diferentes sentencias, como la que condenó a más de 15 años de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por liderar una red de corrupción que defraudó al Estado millones de dólares para limpiar un lago contaminado con un producto milagroso que resultó ser agua con sal y cloro.

    Ante estos resultados, entre los que están apoyos para reformas legales, la fiscal general, Consuelo Porras, dijo que se está avanzando "por buen camino", pero admitió que queda mucho por hacer, y alabó el trabajo realizado junto con la Cicig para contribuir a la mejora del sistema político y consolidar el régimen democrático.

    "Si queremos que los logros alcanzados perduren en el tiempo, es imprescindible el impulso y fomento de una cultura de la legalidad, a fin de cambiar los patrones culturales en la sociedad guatemalteca", proclamó Porras, quien apostó por aprovechar la oportunidad de dejar una "huella en la historia" para mejorar el futuro de las nuevas generaciones.

    La Cicig destaca el papel de la prensa en la lucha contra la corrupción

    Guatemala, 9 nov (EFE).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destacó hoy el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción y lamentó las campañas "organizadas" por los "net centers" en contra de este fin .

    "Los medios de comunicación y, especialmente, el ejercicio periodístico, son actores fundamentales en la lucha contra la corrupción en tanto visibilizan los impactos del actuar en las redes criminales y la cooptación del Estado en los derechos humanos y el bienestar en la ciudadanía", destacó la Cicig en su undécimo informe de labores, presentado este viernes.

    En este documento, en el que se destaca que la prensa es un instrumento para transparentar la labor de las instituciones, promover la auditoría social y facilitar el encuentro de ideas, señala que los medios ayudan a promover la cultural de legalidad y su labor es una condición fundamental para "una democracia de calidad".

    No obstante, la Comisión manifestó su "preocupación" por el aumento de la presión política y financiera sobre los medios y los periodistas, llegando a acciones "específicas de amenaza e intimidaciones" en algunos casos, afectando a la libertad de expresión.

    "Estos episodios deben ser atendidos por la sociedad en su conjunto, en la medida que el ejercicio de un periodismo libre e independiente es la garantía para la construcción de la cultura de la legalidad y la democracia en Guatemala", aseguró la Comisión, quien dedica un apartado de su informe a los "net centers", las redes sociales y la viralización de las noticias falsas.

    Desde 2016, pero también durante todo el período que cubre este informe, la Cicig denunció que "se desplegó en las redes sociales una campaña organizada contra los actores que lideran y apoyan la lucha contra la corrupción", como son operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas y la propia Comisión.

    "El objetivo de la campaña es desacreditar los avances en la lucha contra la corrupción y amedrentar a aquellos que la impulsan", apunta el informe, en el que se hace mención a un análisis que muestra que 6 de cada 10 usuarios que hablan de la labor de la Comisión se expresan de ella en lenguaje positivo.

    El porcentaje de usuarios que apoyan la lucha anticorrupción contrasta con la cantidad de tuits medidos en unidades en contra del combate a la corrupción e impunidad, que es más del 65 por ciento, lo que quiere decir que la cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor de la Cicig son menos, pero su intervención en redes es mayor.

    "Al analizar en detalle el esquema de seguidores de las cuentas que más publican contenidos en contra del combate a la impunidad, se pueden visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un usuario real y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos net center", agregó.

    La Comisión definió estas estructuras "como grupos anónimos que crean múltiples cuentas en redes sociales, pero que no representan a una persona física", y que crean tendencias que no representan la opinión real de la población, pero que intentan cambiarla.

    "Los net center en su mayoría funcionan como un enjambre, buscando un efecto derrame, intensificado y dirigido en las redes sociales a un tema o a una persona real", explicó.

    Los estudios "demuestran que un usuario que controle un netcenter (cuenta madre), puede tener un crecimiento diario de 5-10 usuarios falsos por día, lo que resulta en un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores por mes", agrega.