22 de marzo de 2019
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Por primera vez un jefe del Ejército chileno es condenado por violar DD.HH.

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El general Juan Emilio Cheyre Espinosa se convirtió hoy en el primer jefe del Ejército de Chile (2002-2006) que es condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El general Juan Emilio Cheyre Espinosa se convirtió hoy en el primer jefe del Ejército de Chile (2002-2006) que es condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Cheyre, que fue además el primer jefe militar en sellar un "nunca más" a esas violaciones, fue sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada por encubrir la ejecución de 15 opositores en el episodio La Serena de la "Caravana de la Muerte".

Se trata de una comitiva militar que, tras el golpe que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como "delegado personal" del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos sacados de las cárceles.

La masacre de La Serena ocurrió el 16 de octubre de 1973 en el regimiento Arica, de esa ciudad, en el que Cheyre, de 25 años y entonces teniente, era ayudante del coronel Ariosto Lapostol, jefe de la unidad y sentenciado hoy a 15 años y un día de prisión como autor de los crímenes.

Entre las víctimas estaba el músico Jorge Peña Hen, creador en Chile de las orquestas infantiles y juveniles y considerado un pionero de dicha iniciativa otros países de la región.

En un fallo de 400 páginas, el juez especial Mario Carroza condenó a prisión a 11 militares por su responsabilidad en los homicidios, entre los que, además de Cheyre destaca el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que está sentenciado a más de 600 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Como jefe del Ejército, Cheyre pronunció su "nunca más" a esas violaciones, advirtió que la institución continuaba siendo "prisionera del pasado" y asumió en un documento la responsabilidad institucional en los crímenes.

"¿Excusa el escenario de conflicto global las violaciones a los derechos humanos? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética", subrayó.

Cheyre ha negado siempre alguna responsabilidad en el caso por el que ha sido condenado y, según el juez, el detalle de su actuación "es difícil señalar", aunque "todo está explícito, referido de manera muy reflexiva en el escrito".

El fallo remarca que toda la oficialidad del regimiento "consintió dócilmente a que estos (los opositores) fueran aniquilados sin juicio alguno, y el acusado Cheyre, pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta como excusa su escasa edad".

Al respecto, el abogado Jorge Bofill, defensor del general, indicó a la prensa que es "inocente" y que "no participó como cómplice ni como encubridor" en lo acontecido en La Serena.

"En el proceso demostramos mediante cada escrito que, a la fecha de los hechos, don Juan Emilio Cheyre no tenía ni tropa ni mando, que no era parte de la comitiva y que a sus cortos 25 años, no supo, no actuó ni avaló los hechos", expresó Bofill este viernes.

Asimismo, confirmó que la defensa recurrirá a la Corte de Apelaciones con la convicción de que Cheyre es "inocente" sobre lo ocurrido.

Las víctimas de La Serena fueron ejecutadas en el polígono del regimiento y sus cuerpos lanzados a una fosa común del cementerio local; al día siguiente, las autoridades publicaron una orden militar dando cuenta de la ejecución "de 15 extremistas, en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra".

Según la investigación, tanto el jefe del regimiento (Lapostol), como su ayudante (Cheyre) "tenían la certeza" de que el ajusticiamiento "ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de la ideología" de las víctimas, cuyos restos fueron descubiertos e identificados en 1998.

En el aspecto civil, el fallo ordena al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas (esposas, hijos y hermanos) por un total de 3.610 millones de pesos (unos 5,3 millones de dólares).

Cristián Cruz, abogado querellante en el caso, consideró que el tribunal "ha actuado como corresponde, sin aceptar los niveles de protección que han pretendido diversos poderes y funcionarios".

"Corresponde que el Ejército pida disculpas, sería un gesto que reconoceríamos, que el comandante en jefe pida una reunión con los familiares y les pida perdón en nombre de la institución", manifestó.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), comentó que el fallo "es una buena noticia, a pesar de que no es exactamente la condena que se desearía contra Cheyre".

Matizó, no obstante, que valoran "que hoy quede claro que este personaje que es siniestro, inteligente, que se blanqueó en los Gobiernos de la Concertación (democráticos), nunca fue 'el Comandante del nunca más'", gesto que definió como "una patraña".

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

Nelson Sandoval Díaz

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Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El Ejército de Chile expresó hoy en un escueto comunicado su "absoluto respeto" a la decisión de la Justicia chilena de condenar este viernes a 11 exmilitares por la muerte de 15 opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y destacó que "no le compete de modo alguno".

"(El Ejército) reitera su absoluto respeto y compromiso con el estado de derecho y su firme convicción que no le compete de modo alguno emitir opinión sobre las resoluciones que adoptan los Tribunales de Justicia del país en el ejercicio de su jurisdicción", informó la institución castrense tras hacerse pública la sentencia.

En dicho fallo, el juez chileno Mario Carroza sentenció a penas de prisión a 11 militares retirados por su responsabilidad en el asesinato de 15 opositores, cometidos en el marco de los crímenes perpetrados en 1973 por la llamada "Caravana de la Muerte".

La "Caravana de la Muerte" fue una comitiva militar que tras el golpe que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como "delegado personal" del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos a los que sacó de las cárceles.

Entre los condenados destaca el general Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército entre los años 2002 y 2006, que fue condenado por el delito de encubrimiento a tres años y un día de prisión, que podrá cumplir en libertad vigilada.

Cheyre, que era teniente y ayudante del comandante del regimiento "Arica", de la ciudad de La Serena, al ocurrir los crímenes, el 16 de octubre de 1973, fue el primer jefe militar chileno que selló un compromiso de "nunca más" del Ejército a las violaciones de los derechos humanos.

Además de Cheyre, la Justicia chilena también condenó a 15 años y un día de presidio al coronel Ariosto Lapostol Orrego, jefe del regimiento en esa época, como autor del homicidio de las 15 víctimas.

Entre las víctimas de La Serena figuraba el músico Jorge Peña Hen, creador en Chile de las orquestas infantiles y juveniles y considerado un pionero de dicha iniciativa otros países de la región.

Las víctimas fueron ejecutadas en el polígono del regimiento y sus cuerpos lanzados a una fosa común del cementerio local; al día siguiente, las autoridades publicaron una nota militar en el que daban cuenta de la ejecución "de 15 extremistas, en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra".

Según la investigación del caso, tanto el jefe del regimiento (Lapostol), como su ayudante (Cheyre), que distribuyó la nota en los medios de comunicación locales, "tenían la certeza que no había acontecido (el juicio) y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de la ideología" de las víctimas.

Los restos de las víctimas fueron descubiertos e identificados en 1998.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

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