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    Abás llevará la demolición de una aldea beduina en Cisjordania a la CIJ

    16 de septiembre de 2018

    Ramala, 16 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, aseguró anoche que denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la decisión israelí de demoler la aldea beduina de Jan al Ahmar en Cisjordania, anunció en una reunión del Comité Ejecutivo de la Organización para a Liberación de Palestina (OLP).

    Abás añadió que apelará a ese organismo judicial de las Naciones Unidas la decisión del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital israelí y de cortar fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

    Asimismo, aseguró que denunciaría los planes que considera tiene Israel para permitir el rezo judío en el recinto de la mezquita de Al Aqsa (algo que está prohibido en esta zona sagrada, donde solo se permite el rezo musulmán).

    El presidente palestino advirtió, en alusión al caso de Jan al Ahmar, que su población "está en riesgo de desplazamiento", y recordó que el caso ya ha sido llevado también a la Corte Penal Internacional (CPI), ubicada al igual que la CIJ en La Haya.

    Los palestinos y comunidad internacional han protestado ante los planes israelíes de demoler la villa de Jan al Ahmar, situada al este de Jerusalén, en Cisjordania, y trasladar a sus residentes a otro lugar.

    El Estado israelí dice que las estructuras del pueblo, en su mayoría chozas y tiendas improvisadas, fueron construidas sin permiso y representan un peligro para sus habitantes por su cercanía a una autopista.

    Sin embargo, los residentes, que llevan viviendo allí desde la década de los 50, después de haber sido expulsados de sus casas en el Neguev, argumentan que no tienen alternativa a construir de ese modo porque Israel no les otorga permisos de construcción.

    El Estado israelí no concede muchas licencias de edificación a palestinos para edificar en zonas de Cisjordania donde tiene control administrativo, y su obtención es prácticamente imposible según denuncian ONG y organizaciones de Derechos Humanos.

    El martes pasado, el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, anunció que había elevado el caso Jan al Ahmar a la CPI para que fuera juzgado como "crimen de guerra israelí".

    Los palestinos han apelado a este tribunal, que juzga delitos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, en diversas ocasiones.

    Sin embargo, rara vez han llevado disputas al organismo judicial de la ONU, la CIJ, que se usa para dirimir disputas entre sus Estados miembros.

    Palestina fue admitida como Estado observador de la ONU en 2012, aunque no como miembro de pleno derecho porque esta decisión tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y el veto de EE.UU. lo ha impedido.

    La OLP recuerda la masacre de Sabra y Chatila como parte de la impunidad hacia Israel

    Jerusalén, 16 sep (EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, recordó hoy la masacre, hace 36 años, de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, en el Líbano, y la definió como un acto inherente a la "impunidad" que se concede a Israel.

    "La masacre de Sabra y Chatila no solo es un recordatorio de bárbaros crímenes cometidos contra nuestro pueblo, sino que sobre todo resalta los efectos de la impunidad que la comunidad internacional le otorga a Israel y a sus funcionarios", declaró el también jefe negociador palestino en un comunicado.

    Desde el 16 al 18 de septiembre de 1982, en plena guerra civil libanesa (1975-1990), entre 700 y 3.500 refugiados palestinos fueron asesinados por falangistas cristianos libaneses, ante la pasividad de las tropas israelíes.

    "Esta masacre fue la principal responsabilidad de Ariel Sharon (entonces ministro de Defensa israelí), quien también fue responsable de muchos otros crímenes de guerra cometidos contra el pueblo de Palestina. Sharon murió sin rendir cuentas", dijo Erekat en la nota.

    Una comisión del Parlamento israelí, creada para investigar los hechos, acusó de la matanza al Partido Falangista Libanés (Kataeb) de Elie Hobeika y consideró a Sharon "responsable indirecto" de lo ocurrido, por lo que tuvo que abandonar el ministerio.

    Erekat pidió hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) "tomar nota del papel de 70 años de impunidad que Israel ha disfrutado" a pesar de, dijo, "su colonización y las políticas de apartheid que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario que equivalen a crímenes de guerra".

    Además, opinó que Israel "continúa amenazando la existencia del pueblo palestino en sus tierras con desalojos, demoliciones de viviendas, el asedio de Gaza, el traslado forzado en Jerusalén Este ocupado y Jan Al Ahmar, en la entrada oriental de la ciudad, así como en otros lugares de Palestina ocupada".