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    El retraso en la elección de los jueces del Supremo salvadoreño preocupa a los jesuitas

    20 de julio de 2018

    San Salvador, 19 jul (EFE).- La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador se mostró preocupada hoy por el retraso en la elección de 5 jueces de la Corte Suprema por parte del Congreso y llamó a los diputados a evitar el reparto de cuotas en el proceso.

    "El retraso es una nueva expresión de la debilidad institucional de nuestro país" y "constituye un incumplimiento a la obligación de renovar cada tres años a la Corte Suprema, uno de los compromisos que se adquirieron en los Acuerdos de Paz (1992)", reza un comunicado de los jesuitas.

    Los diputados debían elegir entre 30 aspirantes a los sustitutos de 4 jueces de la Sala de lo Constitucional, uno de la Sala de lo Civil y sus respectivos suplentes antes del 15 de julio pasado, cuando quedaron vacantes los puestos.

    "No llenar las vacantes de la Sala de lo Constitucional implica la desprotección jurisdiccional de los derechos constitucionales, pues es el máximo tribunal del país" y uno de los mecanismos esenciales al alcance de la ciudadanía para la defensa de sus derechos", acotó la institución educativa.

    Los religiosos acotaron que "el peor escenario es que la elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema se haga a través del reparto de cuotas partidarias, una práctica que ha hecho tremendo daño al país.

    "A pesar del retraso, la Asamblea Legislativa aún tiene la oportunidad de elegir de forma correcta y evitar así ahondar su desprestigio", concluye la misiva.

    Los cuatro jueces del Constitucional que concluyeron su mandato son Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, llamados por algunos sectores como "los cuatro fantásticos" por las sentencias que han emitido.

    Una de las más destacas es la que anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

    La anulación de esta ley permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote, la matanza de seis padres jesuitas en 1989 y el magnicidio del beato monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980.

    Estos mismos jueces impulsaron el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ y algunos de sus procesos administrativos derivaron en investigaciones penales tras juicios civiles.

    El caso de Mauricio Funes es uno de estos, dado que el Supremo ordenó un juicio civil contra el exmandatario (2009-2014) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido actualmente en el poder, por enriquecimiento ilícito y fue condenado en 2017 a "restituir al Estado" más de 419.000 dólares.

    Este proceso civil llevó también a la Fiscalía a investigar penalmente a Funes, asilado en Nicaragua, quien enfrenta un proceso en etapa de instrucción por la supuesta malversación de más 351 millones de dólares.