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    Palestina denuncia a Israel ante la CPI por asentamientos y matanza en Gaza

    22 de mayo de 2018

    La Haya, 22 may (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una "investigación efectiva e inmediata" de los "crímenes de la ocupación" israelí, incluidos los asentamientos judíos y la última matanza en Gaza, que dejó decenas de muertos.

    "Hemos tomado este paso histórico, debido a la promesa israelí de seguir cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Esta denuncia es una prueba de Palestina al mecanismo de la CPI de responsabilidad y de respeto por el derecho internacional", dijo el titular de Exteriores palestino, Riad al Malki.

    El ministro mantuvo hoy una reunión en La Haya con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a quien entregó un informe con el titulo "Los asentamientos", en el que se explica los "crímenes" supuestamente cometidos "con impunidad" por Israel, y demandó una investigación "sin más retraso".

    Todos los crímenes alegados por la ANP en su denuncia se han cometido en el periodo posterior al 13 de junio de 2014, fecha en la que Palestina aceptó la jurisdicción de la CPI, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de este tribunal internacional.

    "Este paso persigue justicia, y no venganza. Pedimos rendición de cuentas a aquellos responsables de estos crímenes que se han cometido en todo el territorio palestino delimitado por las fronteras de 1967, incluidos Cisjordania y la franja de Gaza", declaró el ministro en una rueda de prensa.

    En este caso, la ANP no solo ha denunciado las colonias construidas por Israel en territorios palestinos, sino que también ha incluido "fuertes evidencias" de la destrucción de casas, los asesinatos de civiles palestinos, los campos de detención, el sistema de segregación, la última matanza en Gaza y la "explotación ilegal" de los recursos naturales palestinos.

    La decisión de exigir una investigación internacional de las políticas israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y la franja de Gaza está "respaldada internacionalmente", según Al Malki, quien se refirió al apoyo de los países de la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MPNA), formado por 120 Estados.

    Sobre las consecuencias que esta denuncia puede tener en las conversaciones de paz con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, congeladas desde hace más de cuatro años, Al Malki aseguró que "no hay miedo" porque el pueblo palestino "ya vive bajo la ocupación" de Israel.

    "Nunca han dejado de tomar medidas opresivas contra el pueblo palestino. Esta denuncia no hará que Israel deje de actuar de esta manera, sino que, todo lo contrario, adoptará más medidas de represión. Es el precio que nos tocará pagar por esto", agregó.

    Tras la reunión de Al Malki con la fiscal Bensouda, el portavoz del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, Emmanuel Nahson, criticó la petición palestina de una investigación inmediata y aseguró que es "un paso cínico sin validez".

    Israel estimó que "es absurdo que las acciones palestinas frente a la Corte" se produzcan "en un momento en que los palestinos continúan incitando a actos de terrorismo, mientras explotan a mujeres y niños como escudos humanos para (cometer) ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos de Israel".

    Nahson añadió que la petición de Palestina es "legalmente inválida" para Israel porque "la CPI carece de jurisdicción sobre el asunto israelí-palestino", porque el Estado israelí no es miembro del tribunal y "la Autoridad Palestina no es un Estado".

    Por otra parte, una investigación formal y objetiva de la CPI también podría llevar a estudiar las actividades del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, a la que se responsabiliza del lanzamiento de cohetes hacia Israel.

    La ANP decidió recurrir a este tribunal después de la muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera de Gaza por disparos del Ejército israelí, 60 de ellos el 14 de mayo, día en que se trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y 114 desde que comenzaron las protestas en marzo.

    Imane Rachidi

    La OLP defiende la denuncia palestina contra Israel ante la CPI

    Jerusalén, 22 may (EFE).- La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) defendió hoy la petición presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una "investigación efectiva e inmediata" de los "crímenes de la ocupación" israelí, incluidos los asentamientos y los muertos de las últimas protestas en Gaza.

    "El Estado de Palestina está cumpliendo su deber legítimo de consagrar los derechos de nuestro pueblo, de los que es más importante el derecho a la autodeterminación, y a responsabilizar a la beligerante ocupación israelí de los crímenes de guerra que sigue cometiendo contra la tierra y el pueblo de Palestina", afirmó el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, en un comunicado.

    Según Erekat, "Israel, la potencia ocupante, está comprometido a cancelar los derechos del pueblo palestino, al desafiar su misma existencia sobre su tierra. Es por tanto nuestra obligación nacional responsabilizar a Israel, en ausencia de una responsabilidad internacional que sigue tratando con Israel como un país por encima de la ley".

    Por su parte, Israel criticó la solicitud presentada por los palestinos ante la justicia internacional.

    "El Estado de Israel tiene una opinión severa" en relación a la petición palestina a la CPI, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores Emmanuel Nahson en un comunicado, en el que aseguró que este es "un paso cínico sin validez legal".

    Israel consideró que "es absurdo que las acciones palestinas frente a la corte" se produzcan "en un momento en que los palestinos continúan incitando actos de terrorismo, mientras explotan a mujeres y niños como escudos humanos para (cometer) ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos de Israel".

    Hoy el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riad al Malki, mantuvo una reunión en La Haya con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a quien entregó un informe con el titulo "Los asentamientos", en el que se explican los "crímenes" supuestamente cometidos "con impunidad" por Israel, y demandó una investigación "sin más retraso".

    El documento también incluye "fuertes evidencias" sobre la destrucción de casas, las muertes de civiles palestinos durante las protestas en Gaza, un sistema discriminatorio o la "explotación ilegal" de los recursos naturales palestinos, apuntó Al Malki.

    Todos los hechos alegados por la ANP en su denuncia se habrían cometido en el periodo posterior al 13 de junio de 2014, fecha en la que Palestina aceptó la jurisdicción del CPI, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de este tribunal internacional.

    Después de que los palestinos hayan presentado su petición formal, ahora corresponde a la Fiscalía decidir si abre una investigación preliminar sobre el caso.

    Las autoridades palestinas han recurrido al tribunal después de la muerte de decenas de manifestantes en la frontera de Gaza por disparos del Ejército israelí, sesenta de ellos el 14 de mayo, día en que se trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y 114 desde que comenzaron las protestas de la Gran Marcha del Retorno el 30 de marzo

    Los heridos de las protestas de Gaza debilitan su sistema sanitario

    Gaza, 22 may (EFE).- Muletas y fijadores ensangrentados en las piernas, como el del joven Wadie Ras, identifican a los heridos de las protestas en los hospitales de Gaza, donde cientos de lesionados se someten a complejos tratamientos en un frágil sistema de salud y a secuelas físicas de larga o perpetua duración.

    Ante la gravedad de la herida "por bala explosiva" del Ejército israelí, asegura Ras a Efe, fue el primero en ser intervenido en el Hospital de Shifa el martes 14 de mayo, cuando murieron más de 60 palestinos y más de 1.300 resultaron heridos de fuego en la Gran Marcha del Retorno, agravada al coincidir con el traslado de la Embajada de EE.UU. a Jerusalén.

    El Ejército israelí asegura que las protestas, en las que han muerto 114 palestinos, han estado hostigadas por el movimiento islamista Hamás y utilizadas para llevar a cabo infiltraciones y cometer "ataques terroristas", por lo que responde en legítima defensa.

    Aministía Internacional considera que el alto número de heridos, sobre todo en las extremidades inferiores, corresponden más a periodos de guerra que de manifestaciones y denuncia que se han utilizado rifles de francotirador M24 Remington, que disparan munición de caza, que se expanden y se esparce dentro del cuerpo.

    "Muchos de ellos van a necesitar manejo ortopédico, luego reconstructivo y las necesidades de rehabilitación física. Y todo el impacto que eso implica para la persona que va tener limitaciones en la movilidad y el impacto económico que tendrá en la sociedad", advierte Gabriel Salazar, coordinador de salud del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

    El palestino Ali Mohamed Abu Hashem ingresó el 13 de abril y requirió la amputación inmediata de su pierna derecha por herida de bala, siendo uno de las 26 personas que hasta el momento han perdido alguna extremidad de los más de 3.000 heridos en las protestas, según el Ministerio de Salud en la Franja.

    "Después de 27 días de tratamiento, la inflamación está controlada y la herida finalmente se cerró. Espero que la situación mejore", confía sobre su larga hospitalización en una de las habitaciones de Shifa que comparte con otros cinco heridos de protestas.

    Salazar explica que durante ocho semanas ha habido una demanda aguda, donde se reciben cientos de pacientes en un sólo día y en un periodo de entre seis y ocho horas, por lo que se dieron altas prematuras para habilitar espacio en las habitaciones ante la alerta de las últimas movilizaciones del 14 y 15 de mayo.

    Estas altas, que suponen derivar a los heridos a sus hogares en muchos casos con recursos limitados y altos niveles de pobreza, aumentan el riesgo de infección en pacientes que necesitarán una media de entre dos o tres cirugías y, en caso de complicaciones, amputaciones.

    El pasado día 14 se registró la mayor mortalidad en Gaza desde la operación militar israelí de 2014, cuando murieron más de 2.000 palestinos en 50 días, un episodio de crisis que permitió a los servicios sanitarios aprender y planificar para afrontar la actual emergencia con cierta capacidad.

    "En un sector de salud de por sí frágil, le pones una situación tan aguda y tan importante, donde la mayoría de los casos son complejos y críticos, y tienen dificultades. Cualquier hospital de España o Europa hubiera afrontado retos", asegura Salazar.

    El sistema de salud público en Gaza, enclave aislado por once años de bloqueo, sufre una limitación de suministros y medicamentos, al ser dependiente del Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y de las restricciones israelíes.

    La energía, con entre cuatro y seis horas de electricidad al día, y las deficiencias de saneamiento lo hacen aún más vulnerable.

    Las protestas conocidas como la Gran Marcha del Retorno, promovidas por sectores sociales y políticos para reclamar el derecho de los refugiados a volver a sus ciudades de origen, han arrastrado un alto número de jóvenes apolíticos que han manifestado su frustración por la falta de oportunidades, según ha podido constatar Efe.

    Una mayoría de jóvenes, de los cientos de heridos, afronta ahora meses o semanas de tratamiento ante un futuro incierto que puede derivar en una falta de movilidad temporal o permanente.

    "Aunque el día de mañana no tengamos casos nuevos, va a haber un remanente de pacientes que necesitan un manejo quirúrgico. Las necesidades en término de suministros, capacidades, camas y rehabilitación no se van a parar ahora", alerta el experto, e incide en las secuelas psicológicas que abre este episodio en una sociedad que ya de por sí se siente castigada y abandonada.

    Laura Fernández Palomo