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    El Salvador requiere reformas estructurales ante un modelo económico "exhausto"

    26 de abril de 2018

    Panamá, 26 abr (EFE).- El Salvador, el país con la menor perspectiva de crecimiento en Centroamérica según datos del FMI, exhibe un modelo económico "exhausto" y está urgido de cambios estructurales, dijo el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos.

    De acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía salvadoreña se expandirá un 2,3 por ciento en el 2018 y 2019, por debajo del 2,4 por ciento que registró en el 2016 y 2017, mientras que para el 2023 la perspectiva es de 2,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

    El Salvador "es el país que menos ha crecido de toda Centroamérica en lo que va del siglo XXI, y el que menos inversión extranjera directa atrae con un 1,3 por ciento del PIB en promedio entre 2011 y 2016", puntualizó Menkos en declaraciones a Efe.

    El Salvador recibió 1.314,6 millones de dólares en IED en 2017, un 0,89 por ciento más que el año anterior, principalmente por la actividad industrial (textiles, bebidas y reparación y mantenimiento de aeronaves), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

    Menkos aseguró que a lo largo del siglo XXI "las malas decisiones en materia económica, entre ellas y las principales la dolarización y la privatización de la seguridad social, han pasado la factura a la economía y a la sociedad" de El Salvador, un país marcado por altos niveles de pobreza, violencia y migración.

    "La política fiscal, que en el contexto de la dolarización tendría que asumir un rol más protagónico, está cada vez más cerca de la insostenibilidad", aseguró el economista con máster en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra/IDEC de Barcelona.

    El Salvador registra "un nivel alto de endeudamiento", por encima del 60 por ciento del PIB según datos del Icefi, "ingresos públicos insuficientes y poca transparencia en el manejo del gasto público", argumentó Menkos.

    Recalcó que la "polarización política" en el país "ha hecho imposible lograr un acuerdo fiscal", recomendado desde hace años por expertos, y que en consecuencia, "el próximo Gobierno que asumirá en 2019 tendrá la titánica tarea de lograrlo".

    La complicada situación fiscal se presenta "en un contexto de deterioro social marcado por polarización política, violencia, migración y debilitamiento de los servicios públicos", que se refleja, "por ejemplo, en que en 2005 la matrícula de educación primaria era del 95 por ciento y para el 2017 había caído al 80,6 por ciento", añadió.

    Según la agencia Moody's, la remesas familiares que enviaron a su país salvadoreños radicados en el exterior en 2017 representaron el 18,3 por ciento del PIB nacional, el porcentaje más alto desde el 2006 y el más grande de América Latina junto al de Honduras.

    La agencia calificadora indicó que las remesas respaldan el consumo, son el principal motor del crecimiento del PIB, y también son una fuente importante de entradas de divisas extranjeras, superando con creces la IED neta.

    Menkos añadió que los mayores problemas que enfrenta El Salvador son "la poca capacidad de innovación, la poca eficiencia burocrática, del mercado de bienes y del laboral", a lo que se suman "la poca sofisticación de los negocios y los débiles y de poca calidad sistemas de salud y educación".

    El Gobierno salvadoreño dijo este mes a representantes del FMI que entre sus prioridades fiscales estaban el diálogo con los partidos para la financiación de la deuda estatal en los próximos años, la aprobación de préstamos para las áreas sociales y un proyecto de facturación electrónica.

    El Icefi ya ha advertido que la política fiscal salvadoreña "lleva muchos años siendo utilizada para la supervivencia y no para el desarrollo", y que los "continuos problemas de liquidez se ven reflejados en el uso recurrente" de la deuda a corto plazo o Letras del Tesoro (LETES).

    La emisión de LETES es una alternativa empleada por el Gobierno salvadoreño principalmente para financiar erogaciones no incluidas en el presupuesto, y para cubrir subsidios a servicios básicos como gas licuado y la electricidad, según Icefi.