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    Trump defiende su poder para vetar a los musulmanes ante un Supremo dividido

    25 de abril de 2018

    Washington, 25 abr (EFE).- El Gobierno de Donald Trump defendió hoy ante el Tribunal Supremo su poder para restringir la entrada a Estados Unidos de refugiados y musulmanes por razones de seguridad nacional, unos argumentos que convencieron a los jueces más conservadores, pero despertaron el rechazo de los progresistas.

    En una audiencia de una hora, los nueve jueces se mostraron profundamente divididos sobre la legitimidad de la tercera versión del veto de Trump, conocido popularmente como "veto 3.0" y que actualmente obstaculiza la entrada de los nacionales de siete países (Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte).

    El alto tribunal está dividido en cuatro jueces progresistas y cinco conservadores, aunque el magistrado Anthony Kennedy (considerado conservador) suele dar el voto del desempate en casos de gran relevancia como el actual, en el que está en juego uno de los pilares de la política migratoria de Trump.

    En junio, cuando emita su sentencia, el Tribunal Supremo deberá resolver dos cuestiones: ¿excedió Trump su poder al potencialmente restringir la entrada a EE.UU. de unos 150 millones de personas de siete naciones? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que prohíbe al Gobierno favorecer a una religión por encima de otra?

    Los cuatro jueces más progresistas coincidieron con los demandantes, liderados por el estado de Hawái, en que el veto desfavorece a los musulmanes y, por tanto, viola la Constitución.

    "El veto es ilegal, impone una grave discriminación por nacionalidad y religión", afirmó el abogado que representaba a los demandantes, Neal Katyal.

    El letrado usó comentarios de Trump y sus mensajes en Twitter para probar que su intención era imponer un "bloqueo completo y total" a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, como prometió durante la campaña para las elecciones de 2016 tras el atentado que acabó con la vida de 14 personas en San Bernardino, en California.

    "Nunca ningún presidente ha hecho declaraciones como estas", afirmó Katyal.

    De esa forma, el abogado insistió en que los dos primeros vetos (proclamados en enero y marzo de 2017) estaban dirigidos "abrumadoramente" contra los musulmanes porque solo se incluyeron países donde predomina el Islam, mientras que el tercero (emitido el pasado septiembre) incluyó a otras naciones para despistar, según el letrado.

    A juicio del abogado, el tercer veto siguió dirigiéndose "casi exclusivamente" contra los musulmanes, a pesar de que Trump también limitó los viajes desde Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones no se aplican a toda la población, sino a algunos funcionarios y su "familia inmediata".

    Frente a ello, el abogado del Gobierno, Noel Francisco, instó a los jueces a ignorar las declaraciones que hizo Trump "como ciudadano privado" antes de llegar a la Casa Blanca.

    Francisco defendió el "amplio poder" del presidente para decidir sobre temas migratorios, especialmente cuando se trata de la seguridad de Estados Unidos y el Ejecutivo quiere hacer "presión diplomática" para obligar a algunas naciones a compartir más información sobre seguridad y terrorismo.

    "Esto no es un veto musulmán, si lo fuera sería el más ineficiente del mundo porque deja fuera a la mayor parte del mundo musulmán", argumentó Francisco.

    "Es una orden -continuó- que se proclamó tras una revisión mundial hecha por agencias del Gobierno que concluyeron que la mayoría del mundo estaba bien, pero que había un pequeño grupo de países que no compartía la mínima información con Estados Unidos, no la ideal, ni siquiera la cantidad mínima".

    De acuerdo con los argumentos del Gobierno se mostraron la mayoría de los jueces conservadores, especialmente Samuel Alito, quien apuntó que los cinco países musulmanes incluidos actualmente en el veto (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) solo representan el 8 % del total de musulmanes del mundo.

    Al respecto, Alito insistió en que ninguno de los países con mayor población musulmana, como Turquía o Indonesia, están en el veto y que solo Irán figura entre los diez con más fieles al Islam.

    Originalmente el veto incluía a Chad, también de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la "lista negra" por haber hecho mejoras en seguridad.

    La audiencia estuvo llena de metáforas, como las pronunciadas por las progresistas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, que pidieron imaginar a un presidente futuro que hubiera hecho comentarios "llenos de odio e intolerancia" contra los judíos y hubiera prohibido la entrada de cualquier ciudadano de Israel.

    "Si se diera esa situación, ¿no serían sospechosos esos comentarios del presidente?", preguntó Sotomayor.

    El caso ha despertado una gran expectación y ha hecho que se posicionaran ante el Tribunal Supremo los grupos católicos, judíos y musulmanes más importantes de EE.UU., como la Conferencia de Obispos Católicos, la Conferencia Central de Rabinos Americanos y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos.

    Beatriz Pascual Macías

    La Casa Blanca dice que el fallo sobre DACA beneficiará a "coyotes" y criminales

    Washington, 25 abr (EFE).- La Casa Blanca lamentó hoy que un juez federal respaldara el programa DACA para jóvenes indocumentados y aseguró que ese fallo beneficiará a las organizaciones criminales y a los "coyotes" que trafican con personas, porque "crea un incentivo" para la inmigración ilegal a Estados Unidos.

    El fallo judicial emitido este martes da 90 días al Departamento de Seguridad Nacional para justificar por qué puso final a ese programa de alivio a las deportaciones de jóvenes indocumentados y, concluido ese plazo, le obliga a aceptar nuevas solicitudes de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

    "Creemos que el fallo de este juez es extraordinariamente amplio e incorrecto en (su interpretación de) la ley. Lo peor es que crea un incentivo para que vengan más jóvenes indocumentados, y hace que esperen que se les apliquen políticas judiciales similares", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

    "Esta decisión es una buena noticia para las organizaciones traficantes de personas y redes criminales, y es una noticia horrible para nuestra seguridad nacional", agregó.

    La portavoz insistió en que DACA "es ilegal" porque "viola la ley federal", y pidió de nuevo al Congreso que "haga lo que les ha pedido" el presidente estadounidense, Donald Trump, y "arregle este problema".

    Por su parte, el Departamento de Justicia aseguró que está preparado para defender en "futuros litigios" su "autoridad legal" para acabar con el programa DACA, pero no aclaró si planea recurrir el fallo emitido este martes por el juez John D. Bates de la corte federal de la capital, Washington.

    "El Departamento de Seguridad Nacional actuó dentro de su autoridad legal al decidir cancelar DACA de una forma ordenada. Promover y hacer cumplir las leyes es vital para proteger a la nación, sus fronteras y ciudadanos", afirmó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia que pidió el anonimato.

    "El Departamento de Justicia continuará defendiendo su posición, y está deseando poder reivindicar su posición en futuros litigios", añadió el vocero, que no dio detalles sobre la estrategia legal del Gobierno.

    Trump determinó que el plan DACA, proclamado en 2012 por su antecesor Barack Obama, debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración, pero esa decisión no pudo entrar en vigor por orden de dos jueces, uno de Nueva York y otro de California.

    Esos jueces obligaron al Gobierno de Trump a mantener vivo el programa, pero establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

    Actualmente se benefician de DACA unos 690.000 jóvenes, conocidos como "soñadores" y que, gracias a ese plan, pueden trabajar y están protegidos de la deportación.

    En su fallo de este martes, el juez de Washington consideró que la decisión de acabar con DACA fue "arbitraria y caprichosa" y, por eso, determinó que el Gobierno tiene 90 días para apelar y, concluido ese plazo, el Departamento de Seguridad deberá aceptar nuevas solicitudes.

    Senadores demócratas piden al Gobierno Trump ampliar la protección a hondureños

    Washington, 25 abr (EFE).- Un grupo de 24 senadores demócratas pidió hoy al Gobierno de Donald Trump que amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, que expira el próximo 5 de julio.

    Los legisladores, liderados por Bob Menéndez, Tim Kaine y Ben Cardin, hicieron esta solicitud en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al secretario de Estado interino, John Sullivan.

    Su argumento es que poner fin al TPS "forzaría a más de 86.031 personas a volver a un país con severos retos de seguridad".

    "También estamos preocupados porque el Gobierno de Honduras carece de la capacidad para facilitar su vuelta, lo que podría hacer difícil garantizar su protección", indicaron los legisladores en la misiva, enviada hoy a la prensa.

    "Y más importante, estamos extremadamente preocupados por los más de 53.500 niños nacidos en Estados Unidos que tendrían que acompañar a sus padres con TPS y que serían vulnerables a ser reclutados por las pandillas en Honduras", añaden.

    Los senadores demócratas, entre ellos el líder de la minoría Chuck Shumer, consideraron que eliminar el TPS de los hondureños "amenazaría la estabilidad" que Estados Unidos "desea conseguir en Centroamérica" y "minaría" los objetivos de política exterior norteamericanos en esa región.

    En noviembre de 2017, EE.UU. anunció la ampliación del TPS, a partir del 5 de febrero de este año, pero solamente por seis meses.

    El embajador de Honduras en Washington, Marlon Tábora, dijo en febrero que su Gobierno espera que EE.UU. vuelva a ampliar en julio el TPS para sus nacionales y lo haga por 18 meses.

    En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el Gobierno Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

    En el marco de esta política, EE.UU. ha puesto fin al TPS para haitianos, nicaragüenses y salvadoreños. Los primeros, 58.706, verán el fin de su protección en julio de 2019; los segundos, 5.349, el 5 de enero de ese año.

    La comunidad con TPS más numerosa, los salvadoreños (195.000), se quedará sin esa protección en septiembre de 2019.

    Sin embargo, la Casa Blanca ha hecho una excepción con Honduras, cuyo Gobierno considera aliado clave, y ha extendido provisionalmente -sin dar por terminado el programa- el TPS para sus 86.163 beneficiarios hasta el 5 de julio próximo, fecha en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá pronunciarse de nuevo al respecto.

    El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, como Nicaragua, El Salvador o Haití, entre otros.