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    Trump evalúa una solución temporal para los "soñadores" a cambio de fondos para el muro

    14 de marzo de 2018

    Washington, 14 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, está abierto a llegar a un acuerdo que proporcione una solución migratoria temporal para miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" a cambio de fondos para construir el muro en la frontera con México, dijo hoy a Efe una fuente de la Casa Blanca.

    Funcionarios de la Casa Blanca están negociando con el Congreso una solución "bipartidista" al tema de los "soñadores" y del muro, que podría adherirse a una ley presupuestaria que los legisladores deben aprobar antes del 23 de marzo.

    "El presidente está buscando una solución permanente (para los 'soñadores'), pero está dispuesto a negociar un acuerdo que nos pueda llevar a un primer paso", afirmó a Efe la fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

    "Lo importante es poder llegar a un acuerdo que dé una cierta estabilidad, ya sea (tanto) para DACA como para el muro", añadió.

    La fuente no concretó en qué consistiría esa solución, que aún se está negociando, pero confirmó que la Casa Blanca está dispuesta a limitar la negociación solamente al tema de DACA y el muro.

    "Estamos buscando cómo simplificarlo (para centrarnos) en los puntos en donde hay un acuerdo inmediato. El muro y la seguridad fronteriza es primordial para la Administración", explicó.

    Ese esquema dejaría de lado dos puntos que hasta ahora exigía Trump: cancelar la "lotería de visados para la diversidad", que asigna 50.000 permisos de trabajo en EE.UU. al año; e imponer trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en el país.

    Esos dos puntos fueron los que más resistencia generaron entre los demócratas en febrero, cuando el Congreso y la Casa Blanca trataron sin éxito de llegar a un acuerdo para reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

    Trump ofreció entonces una vía a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes indocumentados -más que los 690.000 "soñadores" protegidos de la deportación por DACA- a cambio de las citadas reformas a la inmigración legal y de 25.000 millones de dólares en una década para erigir el muro con México y reforzar la frontera.

    El diario The Washington Post señaló que una de las ideas que se están considerando es una extensión durante tres años del programa DACA que protege de la deportación a los "soñadores", a cambio de tres años de financiación para el muro, pero la Casa Blanca negó ese extremo.

    "La Casa Blanca se opone a ese llamado acuerdo de tres por tres", dijo a la prensa el portavoz adjunto presidencial, Raj Shah, en relación a esa posibilidad de tres años de fondos para el muro por la extensión durante tres años del programa DACA.

    Shah aseguró que la Casa Blanca daría "la bienvenida" a una ley migratoria que pudiera adherirse a la ley presupuestaria que los legisladores deben aprobar antes del 23 de marzo, pero insistió en que el planteamiento del acuerdo por tres años "no es algo que la Casa Blanca apoyaría".

    Según dijo a Efe la citada fuente de la Casa Blanca, para el Gobierno es "importante" incluir fondos para la "seguridad fronteriza" en la ley de gastos que el Congreso debe aprobar este mes para financiar el Gobierno federal durante el resto del año fiscal.

    Incluir fondos para el muro en esa ley daría por primera vez a Trump un presupuesto para comenzar su proyecto estrella, para el que el Congreso no ha aprobado hasta ahora ni un centavo, lo sería un triunfo de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

    Aunque el pasado 5 de marzo se cumplió el plazo marcado por Trump para derogar DACA, el programa sigue parcialmente vivo gracias a los tribunales, que han ordenado al Gobierno que siga aceptando solicitudes de renovación de los beneficios del programa de aquellos inmigrantes que ya estaban inscritos en él.

    Lamentan el fallo contra las "ciudades santuario" pero prometen seguir luchando

    Austin (EEUU), 14 mar (EFE).- Las organizaciones pro derechos civiles de EE.UU. lamentaron hoy el apoyo judicial de la norma SB4 de Texas, que establece sanciones para las autoridades locales que "adopten, apliquen o apoyen" medidas a favor de "las ciudades santuario", pero prometieron mantener la lucha.

    La Quinta Corte de Apelaciones de los Estados Unidos respaldó este martes casi en su totalidad la ley, a excepción de la palabra "apoyar", al considerar que multar, despedir o encarcelar a una autoridad por esa razón puede atentar contra el derecho constitucional de la libertad de expresión.

    El director de Mi Familia Vota de Texas, Carlos Duarte, declaró a Efe que tras este fallo han hecho un llamamiento a los departamentos de policía locales, quienes con esta ley pueden destinar recursos para cualquier asunto, a "centrarse en mantener la seguridad general de la comunidad y no a realiza el trabajo de inmigración".

    Duarte reveló además que no se trata de una derrota final, ya que este mismo año se celebrarán elecciones estatales en Texas y tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de las instituciones.

    "Vamos a hacer pública una lista con todos los votos de quienes apoyaron legislativamente la SB4, incluyendo al gobernador (Greg) Abbott, que fue quien firmó la ley en mayo", explicó.

    En la misma corriente escribió el asesor jurídico del a Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Luis Roberto Vera, que dijo que ese tribunal está "fuertemente controlado por los republicanos".

    Por su parte, Thomas A. Saenz, presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que defiende los derechos de los latinos, consideró que a pesar de ser una resolución "decepcionante", es preliminar y "quedan oportunidades" para reclamar antes de que haya una sentencia final.

    "Confiamos en que esta horrenda ley finalmente encontrará el lugar que le corresponde en el basurero de la historia; mientras tanto, debemos continuar trabajando juntos para limitar el daño a la comunidad", añadió Sáenz en un comunicado.

    La organización sin ánimo de lucro Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) se mostró cauta en sus declaraciones, recordando que por encima de todo las personas "tienen derecho a permanecer en silencio" antes de declarar en un juzgado.

    El director del programa de Justicia Racial y Económica de la plataforma Texas Civil Right Project, Efrén Olivares, manifestó que están preparados "para una larga pelea judicial" y que mantendrán sus esfuerzos en garantizar que no se atente contra los derechos de la comunidad inmigrante.

    La directora ejecutiva de Texas Organizing Project Education Fund, Michelle Tremillo, continuó está línea e insistió en que este fallo "no es inesperado".

    Tremillo quiso hacer un llamamiento a los funcionarios locales para proteger a las comunidades de inmigrantes y continuar con "una visión de Texas inclusiva y acogedora", pese a la victoria temporal para el gobernador Greg Abbott, el presidente Trump y "sus simpatizantes nacionalistas blancos" que supone este fallo.

    Por su parte, el conservador fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la resolución como "una medida de sentido común", que en su opinión, protege a los ciudadanos e impide la liberación de "criminales peligrosos".

    Esta ley SB4 permite a la policía preguntar a cualquier persona que detenga sobre su estado migratorio y hace que las instituciones que violen la norma estén sujetas a multas de hasta 25.000 dólares por día, así como el despido inmediato de los funcionarios locales que la incumplan.