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    Los rohinyás quieren seguridad y ciudadanía antes de ser repatriados

    20 de enero de 2018

    Dacca, 20 ene (EFE).- Los rohinyás refugiados en territorio bangladesí quieren garantías de que se proteja su seguridad y se les otorgue la ciudadanía birmana antes de ser repatriados a su país de origen, después de que Bangladesh y Birmania (Myanmar) acordasen esta semana completar el proceso en un plazo de dos años.

    El líder rohinyá Sirajul Mostafa, albergado en el campamento de refugiados de Kutupalong, explicó hoy a Efe que su comunidad reclama la "completa" implementación de las recomendaciones realizadas por la comisión del ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a finales del pasado agosto, "antes" de ser repatriados.

    La comisión propuso abordar los derechos de los rohinyás para resolver la violencia sectaria en el estado birmano de Rakáin, con medidas como acelerar el proceso de verificación de la ciudadanía y considerar la concesión de la nacionalidad por naturalización.

    "No estamos aquí para quedarnos, queremos que nos devuelvan nuestros derechos. Incluso ayer llegó gente desde Myanmar (a Bangladesh). Si viésemos que la paz está restaurada allí no habría problema, la gente volvería directamente", explicó Mostafa, antes de precisar que el Ejército birmano todavía lleva a cabo "torturas".

    Según dijo, nadie les ha dicho aún que se preparen para regresar a su país.

    Desde el campamento de Balukhali, el líder Nur Mohammad dijo a Efe que la "gente no quiere volver" y que los ancianos llevan días debatiendo el asunto de la repatriación y están preparando una lista de condiciones.

    "Primeramente y ante todo, está la garantía de ciudadanía con derechos totales", enfatizó.

    Un activista por los derechos de los rohinyás que pidió el anonimato afirmó a Efe que los refugiados de esta minoría musulmana no creen que el ambiente "sea todavía favorable para el regreso".

    "Necesitamos la ciudadanía y que nuestras casas sean reconstruidas, debe permitirse que vivamos en nuestras casas. Tenemos que ser reconocidos como un grupo étnico y aquellos que llevaron a cabo ataques bárbaros contra nosotros deben ser llevados ante la Justicia", dijo.

    La defensa de condiciones de previas por parte de los rohinyás se produce cuando la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee, se encuentra de visita en Bangladesh.

    Los dos países asiáticos acordaron el pasado 23 de noviembre la repatriación de los 665.500 rohinyás que, según el último censo difundido por la ONU, han llegado desde el pasado agosto a Bangladesh huyendo de la violencia en Birmania.

    Según el pacto, el proceso de repatriación tenía que comenzar en el plazo de dos meses desde la firma del acuerdo y, según los avances de esta semana, se completará en un lapso de dos años desde su comienzo.

    El Gobierno de Bangladesh anunció el pasado martes, después de una reunión del Grupo de Trabajo Conjunto en Naypidó, que Birmania considerará el regreso de aquellos que se encuentran en tierra de nadie como una prioridad y afirmó que se han incluido modalidades para la repatriación de huérfanos y niños nacidos sin documentación.

    Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) consideró estos planes como "alarmantemente prematuros" y alertó de que cualquier retorno forzado supondría una "violación de las leyes internacionales".

    "Con recuerdos de violaciones, asesinatos y tortura todavía frescos en las mentes de los refugiados rohinyás, los planes para su retorno a Myanmar son alarmantemente prematuros", dijo el director regional de AI para el Sudeste Asiático y el Pacífico, James Gómez.

    La crisis comenzó el 25 de agosto, tras un ataque de un grupo insurgente rohinyá que fue respondido con una campaña militar en el estado occidental birmano de Rakáin, donde se calcula que había alrededor de un millón de rohinyás.

    La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado repetidas veces que existen pruebas claras sobre los abusos.

    Incluso, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha calificado los hechos de "limpieza étnica" y ha afirmado que hay indicios de "genocidio".