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    Organizaciones civiles y Unicef debaten sobre EL sistema penal juvenil uruguayo

    21 de noviembre de 2017

    Montevideo, 21 nov (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil y el Estado uruguayo debatieron hoy con Unicef sobre cómo revertir el retroceso que, a su juicio, reporta el sistema penal juvenil del país en materia de garantías de derechos humanos.

    La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el Comité de los Derechos del Niño y Unicef abordaron hoy en el marco del "Seminario sobre el Proceso Penal Juvenil" diversas herramientas para revertir los recientes retrocesos legales del país en las garantías y derechos de los adolescentes frente a la ley penal.

    La jornada, que incluyó la presentación de un grupo de trabajo integrado por esos tres organismos con el fin de realizar relatorías e informes de la situación, tuvo asimismo diversos paneles de discusión con actores políticos y sociales.

    La abogada consultora del Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH Gianina Podestá dijo a Efe que esta actividad busca "establecer la temática y tomar contacto con la nueva realidad".

    Podestá explicó que, históricamente y más recientemente mediante una ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, el país experimentó recientemente un "fuerte retroceso" en diversos aspectos que rodean a la privación de libertad de los jóvenes.

    La abogada apuntó que esta nueva modificación recorta garantías "al momento de la detención" y aumenta el máximo previsto para las medidas de reclusión preventiva de 90 a 150 días, siendo la prisión "la regla más que la excepción".

    Este aspecto, indicó, es "notoriamente" regresivo, ya que va en contra de disposiciones de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño de Unicef.

    "Con el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) uruguayo (aprobado este noviembre) se pasó de un proceso inquisitivo a uno acusatorio, pero al momento de sancionar esta nueva norma se terminan adoptando medidas que son regresivas. Por eso hay determinados cánones para cumplir que no estarían siendo respetados", argumentó Podestá.

    El representante del Comité de los Derechos del Niño Mauro Tomasini señaló que esta regresión es parte de un "ciclo punitivo" que desde el 2010 pone a la privación de libertad como "el primer recurso ante un conflicto".

    "El sistema de adultos va a tener (con el nuevo CPP) una prisión preventiva que es la excepción y no la regla y en el de adolescentes es al revés, entonces se genera una desigualdad entre un sistema y el otro", esgrimió.

    Tomasini indicó que, si bien "hasta ahora no ha habido impactos" en la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos, sí puede llegar a haberlos "si la interpretación jurídica cambia", por lo que los organismos que velan por los derechos de los niños y adolescentes buscan dar respuestas.

    Podestá recalcó sobre ese punto que "si hay una tendencia al aumento de las penas" es la obligación de los organismos inmersos en la temática "aportar a un debate y generar herramientas de cambio que permitan" garantizar los derechos.

    El nuevo CPP de Uruguay, que comenzó a regir el 1 de noviembre cambia el modelo penal de inquisitivo a acusatorio, lo que supone un cambio de los roles de los fiscales y jueces.

    Ahora las investigaciones son dirigidas por los fiscales, que llevan adelante las acusaciones, mientras que los jueces solo se encargan de juzgar.