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    El Gobierno usa el 155 por la "desobediencia rebelde y consciente" de la Generalitat

    21 de octubre de 2017

    Madrid, 21 oct (EFE).- El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.

    Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

    El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación.

    El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.

    "Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.

    Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat.

    Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".

    El Gobierno dice que las medidas del 155 son "garantistas" y no recortan derechos

    Madrid, 21 oct (EFE).- El Gobierno asegura que las medidas que hoy se aplicarán para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son "garantistas" y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.

    Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

    Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

    Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.

    Un cometido "irrenunciable" desde la constatación de que las autoridades autonómicas "han ignorado" la legalidad vigente, al contravenir "abiertamente" sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.

    "Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", aduce el Gobierno.

    Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.

    Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. "Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía", añade.

    Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es "asegurar la neutralidad institucional" para que el principio rector de las instituciones sea el interés general.

    Considera en este sentido que la Generalitat "ha obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos".

    Y añade que "estos anhelos" soberanistas "no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes", ni pueden "traducirse en un discurso único de imposición de la independencia" como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.

    Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar "siempre y en todo caso", en "favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte".

    El Gobierno denuncia el "absoluto desprecio" de Generalitat a la separación de poderes

    Madrid, 21 oct (EFE).- El Gobierno ha justificado hoy la aplicación del artículo 155 en el "absoluto desprecio" de Cataluña a la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo y "evidenciando que ambas instituciones - Govern y Parlament- actúan como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran".

    En la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria, el Gobierno también subraya las "reiteradas desatenciones" de Cataluña y la "contumacia" mostrada por los impulsores del proceso soberanista "en ignorar e incluso contravenir abiertamente" el marco legislativo.

    "Dicha actitud" dice el argumentario del Gobierno, "además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua".

    Por ello, advierte de que la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales "están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña".

    El Gobierno también hace hincapié en el "profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana" que están poniendo en "riesgo" los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad.

    Y ello, añade, está provocando un "creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones".

    Además, el Ejecutivo central insiste en que los gobernantes de Cataluña no han respetado "ni la legalidad ni el interés general al que responden las leyes".