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    Periodistas y ONG's condenan supuesto espionaje del Gobierno de México

    19 de junio de 2017

    México, 19 jun (EFE).- Defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas condenaron hoy el espionaje del que supuestamente fueron víctimas por parte del Gobierno de México, el cual a su vez expresó respeto a la privacidad y condenó "cualquier intento" de vulnerarla.

    "Esto es una operación del Estado mexicano. Los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos para cometer ilícitos graves", apuntó la periodista Carmen Aristegui.

    Aristegui, quien denunció el denominado caso de la Casa Blanca, comprada por la esposa del presidente mexicano, Angélica Rivera, consideró que "Enrique Peña nieto tiene que dar explicaciones" sobre este presunto espionaje.

    Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times señaló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a gobiernos.

    Entre las víctimas de espionaje están el personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron la ley anticorrupción "3 de 3" que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses.

    Un estudio, presentado hoy en México y publicado por Citizen Lab, Article19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, demuestra que cada licencia de infección costaría unos 77.000.00 dólares estadounidenses, precisó Ana Cristina Ruelas de Article19 en una rueda de prensa.

    Según la investigación, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura NSO están vinculados a México, lo cual reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son sus clientes y que personas en México han sido objetivos de esa forma de vigilancia.

    En total se enviaron mensajes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos el director del Centro Prodh, Mario Patrón, al subdirector Santiago Aguirre, y la coordinadora del área Internacional, Stephanie Brewer.

    Por otro lado, personas relacionadas con Aristegui Noticias, entre ellos la periodista Carmen Aristegui y su hijo de entonces 16 años Emilio Aristegui, así como los reporteros Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron un total de 56 mensajes.

    El periodista Carlos Loret de Mola recibió ocho mensajes mientras investigaba las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal; los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, recibieron al menos tres mensajes.

    "No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo", ahondó Aristegui, quien añadió que "hay que decir no al miedo, a la censura, a los ataques de esta naturaleza y a la impunidad".

    En respuesta al artículo, el director para Medios Internacionales de la Presidencia de México, Daniel Millán, envió una carta a la dirección del rotativo estadounidense la cual destaca que, como el propio texto periodístico señala, "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".

    "Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", indicó Millán en la misiva, difundida por redes sociales.

    La carta hace un llamado "a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República (fiscalía), a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes".

    Periodistas y activistas fueron espiados en México, denuncia The New York Times

    Nueva York, 19 jun (EFE).- Destacados abogados de derechos humanos de México, además de periodistas y activistas anticorrupción, fueron blanco de espionaje llevado a cabo con un software avanzado vendido al Gobierno del país latinomericano, reveló hoy The New York Times.

    Entre ellos se encuentran los letrados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala en 2014, o académicos que han colaborado en la redacción de legislación para luchar contra la corrupción.

    También han sido víctima de espionaje, según el medio, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, y un estadounidense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía, todo ello llevado a cabo con programas vendidos bajo la premisa de que serían utilizados sólo para investigar a criminales y terroristas.

    Al menos 3 agencias federales mexicanas han invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el software espía "Pegasus", un producto de una compañía israelí que se infiltra en los teléfonos móviles para seguir todas sus actividades y utiliza incluso su cámara y micrófono para vigilar al propietario del dispositivo.

    Según la empresa que fabrica el "spyware", NSO Group, la herramienta se vende sólo a Gobiernos, que se comprometen a utilizarlo únicamente en la lucha contra el terrorismo o grupos criminales, que en el caso de México han secuestrado y asesinado a ciudadanos durante años.

    Sin embargo, según docenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas independientes, el software ha sido utilizado contra algunos de los críticos del Gobierno mexicano más destacados y sus familias, en lo que ha sido calificado por expertos como un "intento sin precedentes de impedir la lucha contra la corrupción".

    "Somos los nuevos enemigos del estado", afirmó el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, víctima de este espionaje.

    Bajo la ley mexicana, sólo un juez federal puede autorizar el seguimiento de comunicaciones privadas cuando se demuestra una base sólida para su petición.

    Por lo tanto, es "muy poco probable" que el Gobierno haya recibido aprobación judicial para acceder a los teléfonos móviles, según apuntaron al diario varios antiguos miembros de agencias de inteligencia mexicanas.

    "Las agencias de seguridad de México no pedirían autorización porque no se la darían. ¿Cómo va a autorizar un juez seguimiento de alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?", afirmó Eduardo Guerrero, antiguo analista del Centro para la Investigación y Seguridad Nacional del país.

    "No hay ninguna base para esa intervención, pero eso da lo mismo. Nadie en México pide permiso para hacerlo", agregó.

    The New York Times describió cómo varias de las víctimas recibieron correos falsos, con advertencias, por ejemplo, de la presencia de vehículos repletos de hombres armados delante de sus residencias, para llevarles a pinchar en enlaces que permiten el acceso del software de espionaje a los móviles.

    Según el diario, el Gobierno mexicano admitió llevar a cabo actividades de espionaje contra sospechosos legítimos de acuerdo con la legislación del país, pero negó "categóricamente" que se haga contra defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción o periodistas "sin autorización judicial previa".

    Pese a los argumentos del diario neoyorquino, el medio señala que no hay pruebas firmes de que el Gobierno mexicano sea el que ha utilizado el software para espiar a sus críticos, puesto que el programa está diseñado para que no se pueda identificar al autor del "hackeo".

    Sin embargo, el fabricante subraya que es muy poco probable que el programa haya llegado a las manos de criminales y esté siendo utilizado por ellos, ya que sólo puede ser usado por agencias del Gobierno en las que haya sido instalado.

    Gobierno mexicano expresa respeto a la privacidad en respuesta a artículo

    México, 19 jun (EFE).- El Gobierno mexicano expresó hoy su respeto a la privacidad y condenó "cualquier intento" de vulnerarla, en respuesta al artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times que denunció un supuesto espionaje gubernamental a periodistas y activistas.

    En una carta a la dirección del rotativo, el director para Medios Internacionales de la Presidencia de México, Daniel Millán, destaca que, como el propio texto periodístico señala, "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".

    "Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", indicó Millán en la misiva, difundida por redes sociales.

    La carta hace un llamado "a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República (fiscalía), a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes".

    En su artículo titulado "Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias", The New York Times señaló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a gobiernos.

    Entre las víctimas de espionaje está el personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron la ley anticorrupción "3 de 3", que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses.