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    La CIDH estudia si Argentina criminaliza a migrantes y Guatemala a activistas

    20 de marzo de 2017

    Washington, 20 mar (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó hoy si Argentina criminaliza a los inmigrantes y si Guatemala persigue judicialmente a los ambientalistas que se oponen a proyectos hidroeléctricos.

    En la tercera jornada de audiencias públicas de su 161 periodo de sesiones, la CIDH estudió casos de Argentina, Guatemala y Perú, además de celebrar una sesión sobre las personas intersexuales, las que tienen menos visibilidad dentro del grupo LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

    Organizaciones de la sociedad civil de Argentina denunciaron que el Gobierno criminaliza a los inmigrantes con un nuevo decreto que facilita la deportación de aquellos que cometen cualquier tipo de delito, incluso uno menor.

    "Toda persona extranjera que ingresa al sistema penal puede estar sujeta ahora a un trámite de deportación, algo que afecta igual a la protesta social o la venta ambulante que al tráfico de drogas", explicó a los periodistas Diego Morales, de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

    La sesión se convocó a solicitud de la CIDH por su preocupación sobre un decreto, refrendado por el Congreso argentino en febrero, que modifica la ley de migraciones para prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilitar la deportación de los que cometan delitos.

    El Decreto de Necesidad y Urgencia "da un castigo mayor a los migrantes que cometen delitos menores, que generalmente están en situación de pobreza, pero no modifica sobre delitos mayores como la trata de personas o el tráfico de drogas, a los que ya se les expulsaba", indicó en la sesión Gabriela Lisvori, de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).

    El subdirector nacional de inmigraciones de Argentina, Julián Curi, indicó que "la necesidad de urgencia del decreto" se sustenta en que "lo prolongado de los procesos de cancelación de residencias generaba un nivel alto de reincidencia" y, quienes no eran expulsados, volvían a delinquir.

    El Estado argentino también tuvo que rendir cuentas ante la CIDH sobre la criminalización de la protesta y la sindicalización en la provincia de Jujuy que denunciaron organizaciones no gubernamentales del país.

    Tras mencionarse la información en la sesión, la CIDH confirmó a los periodistas que estudia una solicitud de medida cautelar de protección a la activista argentina Milagro Sala, la parlamentaria del Mercosur detenida desde enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador de la provincia de Jujuy.

    La solicitud de medida cautelar la presentó la organización de la sociedad civil argentina Centro de Estudios Leales y Sociales (CELS) y la CIDH estudia ahora si la otorga o no, sin plazo determinado para esa toma de decisión.

    Las organizaciones prefirieron no hablar del caso de Sala en la audiencia porque ya tiene "un proceso de medidas cautelares" y, además, no querían centrar la discusión en solo un caso porque consideran que la criminalización es generalizada y afecta a organizaciones, sindicatos y activistas.

    En la tercera sesión sobre Argentina, el exministro de Justicia y coordinador del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, defendió el impulso del Gobierno para aumentar "la transparencia, digitalización, potenciación de la eficiencia, y fortalecimiento de los procesos de evaluación de los resultados" en el marco de la reforma judicial en el país.

    Ocho pisos más arriba, en el salón Rubén Darío, la CIDH evaluaba en paralelo la criminalización y persecución judicial denunciada por los ambientalistas que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala.

    Según Udiel Miranda, del Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO), existen unos "factores recurrentes de criminalización" estatal como el uso manipulado y discrecional de tipos penales que lleva a la equiparación de grupos indígenas con organizaciones criminales y la detención arbitraria e ilegal de ambientalistas.

    La representante de la organización sin ánimo de lucro Udefegua, Iduvina Hernández, señaló que el año pasado hubo 159 casos de criminalización, lo que evidencia, a su juicio, el intento de "matar penal y civilmente" a los defensores de derechos humanos en el país.

    En otra sesión, la CIDH recomendó al Estado de Perú que no separe de sus familias ni institucionalice a los menores de edad que hayan sido víctimas de la trata de personas en el país, tras escuchar denuncias en este sentido de la sociedad civil.

    La Comisión prosigue mañana con sus audiencias, que terminan el miércoles, con sesiones sobre las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acerca del acuerdo de paz en Colombia.

    La CIDH recomienda no separar de sus familias a los menores víctimas de trata

    Washington, 20 mar (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó hoy al Estado de Perú que no separe de sus familias a los menores de edad que hayan sido víctimas de la trata de personas en el país.

    Durante una audiencia pública de la CIDH sobre las denuncias de trata de niños, niñas y adolescentes en Perú, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño pidió que el país no les saqué del núcleo familiar, ya que tiene la "obligación" darles las herramientas para restituirles en sus hogares.

    Arosemena de Troitiño aseguró que un sistema de protección cuya respuesta es la institucionalización, no tiene una concepción de dar una residencia a las víctimas sino de "mantenerles recluidos", y eso podría ser "traumático e irreversible".

    Por ello, la comisionada apostó por una especialización en la atención de los menores víctimas de la trata de seres humanos, además de un mayor presupuesto para hacer frente a una política integral y de una mayor capacitación de los profesionales que se enfrenten a ello.

    "Los derechos de los niños son una atención prioritaria y especializada, determinada por el interés superior de este, que es garantizar su pleno e integral desarrollo. No se trata de lo que serán esos futuros adultos, sino del derecho del niño hoy y hacer respetar su dignidad y a sus derechos", añadió.

    Por su parte, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, instó al Estado a dedicar una cantidad mayor de su presupuesto porque es un "asunto de voluntad política", además de a tratar la pobreza para disminuir la vulnerabilidad a la trata y pedir información a los trabajadores sexuales en lugar de criminalizarlos.

    El portavoz del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES) de Perú Ronald Gamarra Herrera acusó al Estado de la falta de diligencia para prevenir la violencia contra las niñas, y de los problemas en su participación y acceso a la justicia.

    Además, señaló que los juicios por trata rozaban casi la impunidad por la ausencia de sentencias contundentes y que existe una falta de especialización y de enfoque de género, además de advertir que la institucionalización de estos menores les "revictimiza".

    Por ello, Gamarra Herrea pidió un presupuesto público "estable" y "proporcional" al problema, un diagnóstico y una base de datos para el seguimiento de la trata de menores, integrar y aplicar una ruta de acceso a la justicia, formar a jueces, garantizar el acceso a un abogado y contar con más fiscalías especializadas.

    El procurador público adjunto supranacional de Perú, Iván Bazán Chacón, aseguró que el Estado estaba trabajando en un medida "muy importante" para resolver la reducción del presupuesto en materia de trata de personas.

    Además, anunció la elaboración de un plan nacional de trata de personas para el periodo 2017-2021, y aseguró que en los últimos años se han incrementado los mecanismos para luchar contra la trata.

    El representantes peruano recalcó la política integral del Gobierno, la creación del área especializada de la Policía y el "fortalecimiento" del marco normativo e institucional.

    Bazán Chacón reconoció la preocupación del Estado por el problema de la trata de menores, que es "complejo y con componentes organizativos incluso trasnacionales" al tratarse de un país de transito, destino y origen de este delito.